Son 5 mil 80 las personas que serán despedidas del Instituto Nacional Electoral (INE) con la aprobación del “Plan B” de la reforma electoral, detalla el análisis sobre los impactos de las modificaciones propuestas por el presidente López Obrador que presentó hoy la Secretaría Ejecutiva ante el Consejo General del árbitro electoral.
Edmundo Jacobo Molina, titular de la Secretaría Ejecutiva y quien también será cesado de sus funciones si se aprueban las reformas, detalló el contenido del documento ante consejeros y representantes de partidos.
El informe alerta que el número de despidos podría ser mayor porque no se cuenta con el número de personas que dejarán de laborar en las oficinas centrales y en las Juntas Ejecutivas Locales que serán eliminadas.
El funcionario sostuvo “que es pertinente que en la generación de los insumos de discusión se incorpore el punto de vista de quienes resentirán los efectos de la reformas y más aún, aquellos que tendrán a su cargo la implementación”, pues el 1 de febrero el Senado de la República podría discutir el Plan B que implica la reestructura del órgano electoral.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, dijo que “es importante que las sociedad conozca las posibles implicaciones del proceso legislativo”, en respuesta a la petición del diputado Mario Llergo, representante de Morena ante el INE, de eliminar del orden del día la presentación del informe por abordar hechos futuros con alcances inciertos”.
En tanto, el informe también señala que la fusión de unidades no se traduce en una disminución de plazas porque las obligaciones constitucionales se conservan, además estima que es poco el tiempo que se otorga al instituto para su reestructura pues “señala que se deberá implementar y ejecutar a más tardar el 1 de agosto del 2023, por lo que, en sentido estricto al no haber entrado en vigor en diciembre, la implementación no sería en agosto sino a más tardar en octubre de 2023, siempre y cuando se apruebe en febrero”.
“El más grave de todo, no sólo por los efectos nocivos sino por la forma burda, podríamos decir sin exagerar hasta brutal, es proponer la amputación de los órganos distritales del Instituto Nacional Electoral y también la mutilación de las juntas locales y de varias direcciones ejecutivas y unidades técnicas de las áreas centrales. Busca ésta reforma suprimir los brazos ejecutores de las atribuciones del INE y por lo tanto afectar gravemente a la democracia mexicana”, dijo el consejero.
La sesión del Consejo General continúa con el análisis detallado del informe y los consejeros electorales Carla Humphrey, Ciro Murayama, Dania Ravel y Rivera Velázquez se pronunciaron porque el INE presente los recursos jurídicos necesarios, entre ellas acciones de inconstitucionalidad, en contra del primer paquete de reformas del Plan B que ya entró en vigor y eventualmente en contra del segundo paquete que aguarda en la Cámara Alta su discusión y aprobación.
