Para el año que inicia, 25 de los 32 organismos públicos locales electorales (Oples) registran autorizaciones presupuestales similares a lo disponible en 2022, pero tres (Colima, Nayarit y San Luis Potosí) tienen reducciones superiores al 70 por ciento, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).
Los dos primeros vuelven a situarse entre los tres organismos con los recortes más severos, del 72.2 y 75.8 por ciento, respectivamente. El de San Luis Potosí es del orden del 74.3 por ciento, mientras que el año pasado fue de 36.4 por ciento.
“Los datos iniciales para 2023 muestran una situación delicada que habrá que considerar y no perder de vista, sobre todo si partimos del hecho de que este año iniciará el proceso electoral federal, concurrente con 24 procesos electorales locales de los 32 que habrá que desarrollarse en 2024”, dijo Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.
Al presentar el informe en la sesión de consejo general, destacó que si bien un gran número de Oples logró resarcir parte de su déficit presupuestal, “la condición de estos organismos parece pasar por alto o tal vez impedir la ejecución de su mandato constitucional de organizar elecciones libres y auténticas como lo señala el texto constitucional, traducido a su vez en una transgresión permanente o sucesiva a su autonomía constitucional”.
La consejera Dania Ravel, presidenta de la comisión de Vinculación con los Oples, dijo que varios Oples arrastran deudas del ejercicio anterior, como el de la Ciudad de México.
“El que era el instituto electoral más fuerte, hoy está desmantelado y profundamente endeudado por pargos que aun no puede cubrir” del personal que recortó en junio del año pasado. En tanto, Durango todavía debe servicios de la elección de 2022.
La consejera dijo que le preocupa la falta de defensa e indolencia frente a la situación de estos organismos.
