VÍCTOR ALARCÓN OLGUÍN
Profesor e investigador de la UAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Una de las cuestiones inverosímiles que han aparecido dentro del “Tesisgate” que involucra a la ministra de la Corte Yazmín Esquivel, se refiere al dicho de que su tesis fue iniciada (y por tanto plagiada) antes que la de Edgar Báez, lo cual es un argumento a todas luces inoperante porque curiosamente, si eso hubiera ocurrido, la responsabilidad de haberle advertido en primera instancia a la hoy ministra de que dicha tesis estaba en curso, y de manera posterior que la misma fue presentada y defendida en la Facultad de Derecho recaía en su propia asesora, quien también lo fue de la tesis de Báez.
Conforme a las prácticas de la UNAM, eso le hubiera obligado a modificar el título del trabajo no solo con una simple proposición, sino a ajustar todo aquel contenido que le fue aprobado a la primera tesis ya presentada y defendida. Nuevamente esto le correspondería haberlo hecho a la asesora común de las tesis. Desde ese momento, en 1986, si un plagio de tal magnitud existía, Esquivel misma podría haber denunciado a Báez e incluso haber cuestionado a su asesora por permitir dicho plagio. ¿Por qué no ocurrió entonces?
Todo lo anterior -aún si esa hipótesis fuese cierta- remite a estimar una responsabilidad plena de la asesora. La hoy ministra podría haber aducido ignorancia de la tesis previa, pero aún así eso no la eximiría de haber aceptado reproducir y presentar dicho trabajo plagiado a instancias de su asesora. Y peor lo sería si ello se hubiera hecho con pleno conocimiento de la situación. Lo que es incontrovertible y contundente es que la tesis de 1987 fue presentada en sus términos y ello es un evento posterior a la de Báez en 1986. No hay más.
Situados en esos años, se puede deducir que este presunto plagio pudo darse sobre todo a partir de la falta de comunicación directa entre la Facultad de Derecho y la entonces ENEP Aragón, lo que sin duda jugó -y juega incluso hoy- a favor de la manipulación de tiempos y el que se pueda hacer una acción de este tipo.
¿Quién en ese entonces -incluso ahora- iba a pensar y tomarse el tiempo de cotejar tesis de 2 personas? Hoy el caso aparece básicamente por la relevancia de la persona que lo protagoniza y el contexto de la renovación de la presidencia de la Corte. Cierto es que en política no hay casualidades sino causalidades.
Conforme al curso tomado por el caso, la petición de responsabilidad administrativa hecha ante la propia Corte para dirimir el estatus profesional de la ministra será determinante para saber si el tema del plagio pueda ser tomado en cuenta o no, y ello incluso produzca el retiro de la contienda de la ministra por el liderazgo de la Corte, cosa improbable porque eso implicaría conceder que las sospechas son ciertas, por lo que preferirá ser eliminada por sus pares desde la primera ronda, y así guardar las apariencias. Pero ello le implicará asumir por el resto de su mandato un papel marginal dentro de la institución.
Los escenarios futuros en caso de acreditarse el presunto plagio no son óptimos para la hoy ministra. Implicaría primero la renuncia inmediata de la ministra, y enfrentar además responsabilidades profesionales en materia de usurpación de un título obtenido de manera fraudulenta. O bien, si se acredita y no quiere renunciar, se expone sin más a que el escándalo escale a una petición de juicio político en el Congreso por parte de la oposición (del cual ciertamente podría salvarse en última instancia por el apoyo de las bancadas oficialistas, aunque ya eso le implicaría un costo muy alto al Presidente.
Cómo puede verse, este caso posee muchísimas aristas que no pueden ser desdeñadas en sus niveles de afectación a la vida pública del país.
