NIDIA MARIN
Una gestión de claroscuros llega a su fin. El ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea concluye su encomienda como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Don Arturo hubo de actuar (aunque con menos convencimiento), como antes lo hicieron otros titulares de la SCJN ante las inconstitucionalidades lanzadas desde el Congreso o vía la Presidencia de la República.
Como expusiera Josafat Ortiz Salinas, de la UNAM, en su “Análisis Cualitativo Comparado: las decisiones de la Suprema Corte contra el Ejecutivo en México”, también ahora el ministro Saldívar enfrentó una situación difícil.
El expositor lo explica en su investigación:
“Desde el año 2000, ningún presidente ha contado con mayoría de su partido en ninguna de las cámaras del Congreso, tendencia que no parece revertirse; de ahí la importancia de considerar la fragmentación como una condición del sistema político actual”.
Expone, por ejemplo:
“En México, el comportamiento de la Corte durante el presidencialismo se caracterizó por no desafiar al presidente en los temas fundamentales en su agenda (González Casanova, 1965), y que eran de importancia para el gobierno en turno, o en aquellos temas que implicaban cuestiones políticas (Schwarz, 1975)”.
Pero en nuestro país, en el siglo pasado “…a partir de la década de los años treinta la Corte asumió un rol pasivo y de cercanía con el Ejecutivo (Domingo, 2000). En el periodo de 1928 a 1946, los presidentes modificaron la Constitución, reformularon las condiciones de independencia de la Corte e integraron jueces que respaldaran su programa de gobierno (James, 2010; Cossío, 2000, 2008). Desde 1946 hasta la reforma de 1994, el presidente y su partido decidieron la integración de la Corte, y el puesto de ministro era rotativo porque los jueces aspiraban a hacer política en otros espacios (Magaloni, 2003; Domingo, 2000)”.
Además:
“No se debe olvidar que la Corte que estaba activa en 2000 fue elegida casi en su totalidad por el presidente Ernesto Zedillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Elizondo Mayer-Serra y Magaloni, 2010). Estos jueces decidieron no desafiar al mandatario en sus decisiones, pese a que tenían la posibilidad de hacerlo desde 1994. No fue sino hasta que la fragmentación del poder político apareció que votaron contra el presidente y su partido (Ríos-Figueroa, 2007)”.
Pero a toda capillita le llega su fiestecita y en México…
“Con el inicio del gobierno dividido, en 1997, el proceso legislativo se ha modificado. El presidente ha dejado de ser el principal legislador, el Congreso recobró sus facultades políticas y constitucionales y se convirtió en un órgano activo en la generación de iniciativas de ley por encima del presidente; asimismo, los actores subnacionales, como los gobernadores, ejercen una fuerte presión en la legislación (Casar, 2008; Béjar, 2012)”.
Y es verdad cuando desde el máximo poder se actúa en los márgenes de la legalidad hay consecuencias. En México provocó la activación de la Suprema Corte como el árbitro entre los poderes.
Asimismo, y hasta la fecha: “La generación de leyes se convirtió en uno de los ejes tensos entre el presidente y el Poder Legislativo, por lo que ambos órganos tuvieron que recurrir a la Corte para definir funciones, pero sobre todo para que decidiera quién estaba violentando la Constitución en la generación de leyes”.
Eso está sucediendo en un país que el investigador Ortiz Salinas define “…con una historia institucional en la que los pesos y los contrapesos fueron nulificados por el presidente de la República, en la que el control constitucional fue una tarea secundaria para la Corte y no se atrevía a desafiar al presidente en los temas que implicaban cuestiones políticas, tiene relevancia incluir la variable “agenda” para explicar las decisiones contrarias contra el presidente”.
Asegura el mismo estudioso que entre 2000 y 2012 se interpusieron 15 controversias entre el presidente y el Congreso en las cuales se pedía a la SCJN que actuara como árbitro entre poderes.
“Del total de controversias en las cuales la Corte tuvo que decidir, cinco formaban parte de la agenda de gobierno estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo. Los presidentes de la alternancia enfrentaron adversidades para impulsar su agenda de gobierno en temas de orientación del Estado mexicano, sobre todo en materia energética y fiscal”, expone.
Además, señala, once controversias fueron resueltas a favor del Ejecutivo y cuatro en contra.
El ministro Saldívar Lelo de Larrea, que ya se va, tiene su historia. Y con su partida llegarán elecciones y nuevo dirigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hombre o mujer, será quien el 25 de marzo de 2023, cuando la SCJN cumplirá 198 años, encabece la celebración republicana por los 200 años del máximo tribunal de la nación.
Hay que recordar: esta institución se instaló en la República Mexicana el 25 de marzo de 1825. Así lo señala el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, mismo que expone que a veces como contrapeso efectivo a los demás poderes, y a veces no tanto, la Suprema Corte de Justicia ha sido en nuestra historia un referente para dotar de uniformidad y certidumbre al derecho nacional.
Suerte don Arturo y… suerte para nosotros los mexicanos por quien llegue. Ojalá no sea un o una arribista sin calidad profesional y moral ¡por Dios!
