El país sudamericano atraviesa un panorama complicado. Mientras la oposición decide censurar en el Congreso al oficialismo, el paro de camioneros y el bloqueo de rutas del norte del país producen el desabastecimiento en algunas localidades. El sur chileno continúa militarizado y el norte sigue sumergido en una crisis humanitaria y migratoria.
«Vamos a iniciar el proceso de censura de las comisiones de la Cámara de Diputados. Tenemos los votos para censurar 13 comisiones. Creemos que las fuerzas políticas han cambiado y desde ese punto de vista vamos a ejercer la democracia y vamos a traspasar el mando de las comisiones a esta nueva fuerza política», indicó el legislador de Evópoli (derecha), Francisco Undurraga.
La censura fue acordada por los partidos de oposición Evópoli, Partido de la Gente y Partido Republicano, que además buscan quedarse con la presidencia de las 13 comisiones, entre ellas Emergencia, desastres y bomberos; Economía y fomento, y Minería y energía.
La diputada comunista Karol Cariola señaló que el mecanismo de censura «se usa cuando un presidente o presidenta de la comisión correspondiente no cumple con el reglamento de la Cámara. A mí me parece que establecer censuras a priori solo por razones de equilibrio político, lo que viene a hacer es desconocer el sentido original de la herramienta».
Cariola advirtió: «Es evidente que acá lo que está ocurriendo es una vendetta [venganza] de un sector político que no solo desconoció el pacto administrativo del que fueron parte».
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El analista político Rodrigo Karmy aseguró en diálogo con Sputnik que el problema de fondo es que Chile «goza de una ilegitimidad constitutiva de su sistema político y que esa legitimidad no ha sido resuelta».
«Yo diría que el problema que tiene Chile es que requiere construir un nuevo régimen de legitimidad. Pero el proceso constituyente está justamente en manos de los que gozan de la más alta ilegitimidad, partiendo por el Congreso Nacional, que en realidad está funcionando hace mucho rato como un poder fáctico Es una de las instituciones absolutamente ilegítimas desde el punto de vista de la mirada ciudadana», agregó Karmy.
Mientras en el Congreso se anunciaron las censuras, en las carreteras del norte de Chile comenzó una paralización que podría traer graves consecuencias para la ciudadanía.
Cortes de ruta y desabastecimiento: el paro de camioneros
El pasado 21 de noviembre, a las 00:00 horas, comenzó la movilización convocada por la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte, que abarca entre Arica y Paine. Exigen reducir el precio de los combustibles en un 30% y mayor seguridad en las rutas.
Desde el Ejecutivo plantearon habilitar 12 zonas de descanso con medidas de seguridad, entre Santiago y Arica, así como aportar 1.500 millones de dólares al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO). Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el gremio, que continúa movilizado.
Ante la negativa de los camioneros de despejar las rutas, el Gobierno convocó la Ley de Seguridad del Estado en contra de los transportistas que continúan bloqueando las carreteras.
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El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que las demandas de los camioneros son «desproporcionadas» y su costo podría bordear los 6.500 millones de dólares. En conversación con Sputnik, Benjamín Núñez, asesor jurídico parlamentario, explicó que los camioneros están realizando un grave daño a la economía y al abastecimiento del país.
«Eso está estipulado en la Constitución: quien atente contra el desabastecimiento y la seguridad nacional, corresponde que se apliquen las leyes. En este caso, la Ley de Seguridad del Estado», afirmó Núñez.
El jurista explicó que los transportistas no tan solo están pasando por alto la Constitución, sino que están cometiendo un delito que está estipulado en el Código Penal.
La Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefrutas) advirtió del «inminente desabastecimiento de hortalizas frescas» en centros urbanos por «no poder mover» la carga debido a diversos bloqueos de rutas por parte de camioneros.
El Alcalde de Monte Patria, comuna ubicada a 437 kilómetros de Santiago, anunció una acción legal contra camioneros, a quienes responsabiliza por la falta de combustibles debido al bloqueo de las rutas. Asimismo, Luis Valenzuela, edil de Tiltil, una de las zonas más afectadas por la sequía en la Región Metropolitana, acusó que el paro de camioneros no está dejando circular con normalidad las máquinas aljibes que abastecen la comuna.
Al cumplirse cinco días desde el inicio del paro, los camioneros continúan con el bloqueo de rutas, a pesar de que el presidente Gabriel Boric advirtió que aplicará «toda la fuerza de la ley».
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Conflicto mapuche y crisis migratoria: los flancos abiertos del Ejecutivo
El pasado 18 de noviembre, Carabineros (policía militarizada) ingresó sin autorización a las dependencias del Liceo Manuel Barros Borgoño, ubicado en Santiago, para detener a estudiantes que exigían más personal docente, mejor infraestructura y la libertad de los presos de la revuelta social.
Los estudiantes denunciaron que fueron golpeados por la Policía. Este hecho se suma al ingreso de las fuerzas del orden a otro liceo de Santiago y que terminó con 12 estudiantes detenidos.
Mientras eso sucedía en Santiago, a 700 kilómetros al sur de la capital, en lo que los mapuches llaman el Wallmapu, se vive desde octubre de 2021 una extensa militarización.
En esa zona existe una disputa territorial entre el Estado, comunidades mapuche y las empresas forestales, un conflicto que se ha recrudecido en las últimas décadas, con atentados a las empresas forestales y los enfrentamientos entre Carabineros y comuneros mapuche.
Chile, en crisis de seguridad a tres frentes
La crisis migratoria y humanitaria que se vive en el norte de Chile es otro de los flancos abiertos para el Ejecutivo. Según estadísticas de la Policía de Investigaciones, entre marzo y mayo de este año ingresaron 20.291 extranjeros de forma irregular. Se trata de un alza de un 135% respecto al mismo período del año anterior. Solo en abril las cifras aumentaron 251%.
Este explosivo aumento de migración ha traído consecuencias humanitarias en la ciudad fronteriza Colchane, ubicada a 2.000 kilómetros de Santiago, que se ha visto sobrepasada por la llegada de migrantes a la pequeña localidad.
Durante su gira por la Región de Antofagasta a mediados de octubre, Gabriel Boric explicó que en Chile ha habido cuatro procesos extraordinarios de regularización de migrantes en 2007, 2011, 2017 y otro en 2020 y se está estudiando otra.
«Lo queremos hacer de manera territorial. En ciertas regiones hay emprendedores que nos piden que ayudemos a la regularización de quienes quieren trabajar», agregó el mandatario.
Información y foto: © Sputnik / Carolina Trejo
