NIDIA MARIN
Hasta ahora se consideraba que el sistema político mexicano cada vez se acercaba más a llenar los requisitos de la democracia.
“Es poliarquía” señalaban los expertos al considerar que nuestro país contaba más o menos con cinco elementos fundamentales: elecciones frecuentes, libres e imparciales; cargos públicos elegidos por los ciudadanos; libertad de expresión; acceso de los ciudadanos a fuentes alternativas de información; asociaciones autónomas y relativa independencia del poder gubernamental.
Por lo menos los avances en esas materias eran importantes en México. Sí, en el pasado hubo quienes se preocuparon por seguir cumpliendo lineamientos, si no iguales, muy similares.
Buscaban y lograban ir avanzando en aquello que señalaba el famoso y respetado Robert Alan Dahal, al señalar que las tres condiciones básicas de la democracia son: el derecho de una mayoría de la población a votar y ser votado, es decir el sufragio universal; la división de poderes; la protección del derecho de propiedad y la existencia de importantes grupos privados de poder en la actividad económica.
¿Pero poco tiempo nos duró el gusto? Probablemente. Si tiene éxito la reforma electoral enviada por el Presidente de la República, llegarán a su fin, por ejemplo, los OPL es decir, los organismos con los cuales trabaja el Instituto Nacional Electoral desde 2014, con la finalidad de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales locales, para garantizar altos niveles de calidad en la organización de las elecciones.
En efecto, como se sabe, cada estado cuenta con un Instituto Electoral Local, mismo que se encarga de la organización de las elecciones para designar: Gobernador, Diputados Locales, Presidentes Municipales e integrantes de Ayuntamientos, entre otros.
Estos organismos se encargan de: garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad; preparación la jornada electoral; imprimir documentos y producir los materiales electorales; realizar el escrutinio y cómputos con base en los resultados de las actas de cómputo distritales y municipales y declarar la validez de las elecciones locales, así como otorgar las constancias correspondientes.
También se encargan de: Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad; implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares conforme a las reglas emitidas por el Instituto Nacional Electoral; verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de encuestas o sondeos de opinión en la entidad y organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana en la misma.
No es todo porque, además, tienen la obligación de: supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad durante proceso electoral; ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; e informar al Instituto Nacional Electoral sobre el ejercicio de las funciones delegadas.
Hoy, si una mayoría en el Congreso de la Unión así lo decide, matarán de inanición a los OPL y con ello, en el interior de la República se retornará a los vicios de antaño, ahora con nuevos ingredientes: el crimen organizado y los narcos. Sí los mismos que están asesinando a diestra y siniestra alcaldes, síndicos, periodistas y demás. Sí, ellos serán quienes decidan quién y cómo debe gobernar en los estados y municipios de su influencia.
Y como dicen que hasta hoy estos organismos nos hacían sentir como si existiera una verdadera República, pues ya no.
Antes, en los diversos estados de la República, para los procesos electorales cada uno hacía lo que podía y lo que le venía en gana. Algunos, como el Estado de México, tenían su propia institución electoral desde 1966, otros como Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, desde 1974. También estaban entre los pioneros: Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro y en fin… Los últimos en arribar a contar con una institución electoral fueron: Tabasco (2002), Puebla (2000), Quintana Roo, (2002) y Guerrero (2007).
En estos azarosos tiempos y gobierno todo va hacia atrás.
Ojalá no gane la Reforma Electoral presidencial por el bien de México y de los mexicanos.
