En los documentos hackeados por Guacamaya, el portal Latinus encontró que el Ejército tiene evidencias de la colusión de marinos, militares e ingenieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el robo de combustible en Tamaulipas, Campeche, Tabasco y Veracruz, de acuerdo con una serie de documentos que se encuentran en los miles de correos electrónicos que extrajo el grupo de hackers “Guacamaya” de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El 7 de noviembre de 2018, en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, un mando militar emitió una alerta por presuntos vínculos de marinos y trabajadores de Pemex con la organización criminal Pura Gente Nueva-Zetas en Tamaulipas.
“La principal actividad delictiva de la organización es la cooptación a personal de Pemex para el robo a esta paraestatal, manejando un bajo perfil para evitar ser detectado por las autoridades, realizando estas actividades cada 15 días o cada mes, dependiendo de la disponibilidad para acceder al Muelle de Pemex, empleando a la tripulación y al barco Moisés”, detalla el informe que fue enviado a altos mandos de la Sedena y se hizo del conocimiento de la Secretaría de Marina.
El aviso se dio tras conocer una conversación, el 26 de octubre de 2018, entre Raúl Amavisca Hernández, alias “El Ruly”, enlace entre Pura Gente Nueva-Zetas con ingenieros de Pemex y un encargado de coordinar el trasiego ilícito de hidrocarburos en Ciudad Madero, Tamaulipas.
En la conversación se precisa que el grupo delictivo comandado por un hombre apodado “El Contador”, “El Conta” o “El Licenciado”, estaba preocupado por una nota periodística en la que, con detalle, se explica el modus operandi para robar hidrocarburos.
De ahí se desprende que elementos de la Secretaría de Marina habrían compartido la situación de vigilancia de las autoridades sobre las instalaciones petroleras.
Tras la publicación de la nota, los delincuentes habían acordado esperar para reiniciar sus
operaciones.
“Sin embargo, los intereses económicos de la organización los obligará a tomar riesgos para evitar verse afectados; lo anterior será apoyándose con presunto personal involucrado de Marina, quien les informan las acciones contra ellos”, resalta el documento.
Esta alerta se realizó a casi un mes de iniciar la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien estableció que el combate contra el huachicoleo sería una de sus prioridades de gobierno.
Informe describe colusión de autoridades en Tabasco
Otro documento confidencial, fechado en julio de 2022, describe cómo elementos de la Guardia Nacional y exmilitares supuestamente apoyan el trasiego ilegal de hidrocarburos extraídos de Tabasco y Veracruz para ser comercializados en Nuevo León, Yucatán y Quintana Roo.
De acuerdo con el reporte de este año, el grupo de huachicoleros cuenta con “tres tractos camiones con pipas con capacidad de 55 mil litros, mismos que posterior al llenado en la toma clandestina” son trasladados a otros puntos en donde reciben documentación falsa y claves, por si son detenidos por alguna autoridad que no forme parte de la red delincuencial.
Para salir del estado, los conductores de las pipas “cuentan con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional” e incluso han pagado 200 mil pesos “a una persona referida como ‘El comandante Mata’ (posible G.N,)”, describe el documento.
El informe asegura que el Cártel Jalisco Nueva Generación domina el robo de hidrocarburos en Tabasco y que este grupo criminal está vinculado con Hernán Bermúdez Requena, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.
Bermúdez Requena fue designado el 11 de diciembre de 2019 por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.
Otros servidores públicos mencionados en el reporte, y que también fueron nombrados por López Hernández, son: José del Carmen Castillo Ramírez, comisionado de la Policía Estatal; Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director de la Policía Estatal; y Carlos Tomás Díaz Rodríguez, asesor de la secretaría de seguridad del estado.
En la estructura estarían participando 10 exmilitares de Chiapas que por 30 días de trabajo y una semana de descanso reciben un salario de tres mil pesos.
“Se evidencia la corrupción por parte de las autoridades del estado de Tabasco, lo que dificulta llevar a cabo alguna acción legal u operativa en contra de integrantes de la delincuencia organizada”, dice el reporte.
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