Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Dos elementos se conjuntaron y el presidente, más vivo que un dolor de muelas -en algunos casos-, se adelantó y lo anunció.
Primero tratemos de desmenuzar el tema. A finales de 2021, el presidente de la República decretó que todas las obras de su gobierno -lo mismo las llamadas insignia que construir una barda en una escuela-sería consideradas de “seguridad nacional”, violando flagrantemente la Ley de Seguridad Nacional que no contempla ninguna de las que defiende.
El significado de “seguridad nacional” cierra todos los espacios a la transparencia, a la información. No se puede acceder a datos precisos como, por ejemplo, empresas que ganan licitaciones, proyectos ejecutivos, costos estimados, tiempo de construcción etcétera.
El INAI presentó una controversia constitucional por el decreto y el Pleno ordenó publicitar el caso del Tren Maya. Las respuestas oficiales fueron una negativa rotunda. Sin embargo, con el paso del tiempo y desahogados otros asuntos prioritarios, la Corte entró en materia y designó a Juan Luis González Alcántar Carranca, como ministro instructor y enseguida se reunió con los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad -Ejército, Marina, Seguridad Pública, Consejería Jurídica entre otros- para examinar las bases del decreto, sus alcances y si la ley correspondiente avala kl decisión.
La postura de quienes conforman el CNS no varió un ápice. Por informaciones obtenidas por este espacio, se revela que el ministro instructor planteó que no se puede generalizar el concepto de seguridad nacional, por lo solicitó explicaciones puntuales. Se ha informado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado no reservar la información del Tren Maya.
Ese es el primer capítulo.
El segundo tiene color de ave e inteligencia cibernética. El hackeo realizado por el grupo denominado Guacamaya a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha puesto al descubierto temas sensibles. La salud del presidente, la nueva línea aérea del Ejército, el interés de una empresa europea por adquirir el avión presidencial en 95 millones de dólares, han sido los primeros temas desmenuzados y publicados. Vendrán más, muchos más.
¿Quién asegura que no saldrán los relacionados con el Tren Maya y la refinería Olmeca?
Por ello, adelantándose a las consecuencias de un probable escándalo por el manejo discrecional de recursos por parte del ejército y de Fonatur en la construcción del trenecito, el presidente anunció que se abrirá toda la información para que se haga pública.
“Todo el tiempo está abierta la información. Sí, todo es transparente, completamente, no hay nada que ocultar… todo se transparenta. Imagínense cuántas denuncias presentadas por nuestros adversarios, pseudoambientalistas, en contra del Tren Maya y todas atendidas en juzgados”.
Resulta sorprendente que a cuatro días de darse a conocer el hackeo y 24 horas de que la SCJN ordenó no reservar la información, haga gala de la “transparencia” de su gobierno.
Y más raro es que afirme, sin tapujo alguno, que las denuncias de sus adversarios han sido atendidas en juzgados, sin que los fallos favorezcan a quienes exigen cumplimiento de la ley. No se conoce alguna respuesta judicial que libere de culpa por destruir selva de Quintana Roo y Yucatán.
Seguramente, en los archivos hackeados están algunos si no todos, la memoria de la obra del Tren Maya, que ha sido hambrienta de recursos como la misma refinería Olmeca.
Justificar ahora, cuando las críticas y los análisis sobre aumento en el costo de ambas obras, es una forma de lavarse la cara. Sin embargo, se sabrá la verdad y habrá que esperar qué explicación ofrece sustentada en sus “otros datos”.
Definitivamente, NO hay coincidencias.
El miedo no anda en avión presidencial.
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