El congreso de Nicaragua ilegalizó este jueves otras 96 ONG, lo que aumenta a 440 las corporaciones disueltas por el gobierno de Daniel Ortega desde las protestas del 2018. Diversas entidades acusaron al gobierno de reducir «el espacio de la sociedad civil».
Entre las entidades sancionadas este jueves se cuenta el Centro de Estudios Internacionales, que dirigía la hijastra del mandatario, Zoilamerica Ortega Murillo, en el exilio y quien acusó al mandatario de abuso sexuales, en 1998.
También, fueron disueltas con el voto de 75 de los 91 diputados, varias organizaciones, incluso empresariales, científicas y técnológicas, por no registrarse como agentes extranjeros como manda una polémica ley aprobada en 2020, informó el legislativo.
El Ministerio de Gobernación (Migob), que regula a las oenegés, les imputa haber «transgredido e incumplido con sus obligaciones» y «obstaculizado el control y vigilancia» que se realiza a las mismas.
Desde 2018, 440 ONG han sido canceladas por el gobierno en el contexto de la crisis política que vive el país a raíz de las protestas sociales que estallaron ese año, que dejaron 355 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
El diputado sandinista, Filiberto Rodríguez, que introdujo el proyecto de cierre de oenegés, anunció que las ilegalizaciones continuarán.
El gobierno acusa a estos grupos de emplear los recursos que reciben del exterior para desestabilizar al país con el apoyo de Estados Unidos.
Ortega, de 76 años y en el gobierno desde 2007, obtuvo un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, con sus rivales presos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó la medida de «un crimen» que además de violar la libertad de asociación, «trastoca el plano individual» al afectar a los beneficiarios de la acción de las oenegés.
«Cuántas personas están siendo lanzadas al desempleo, al hambre, al sector informal de la economía (…) que hará toda esa gente ahora», cuestionó el Cenidh, ilegalizada en 2018.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), dijo que «la personalidad jurídica le da a una organización de la sociedad civil (OSC) la posibilidad misma de existir».
Por su parte, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT), consideró la ilegalización de oenegés como un «ataque a la sociedad civil» y advirtió que tiene el objetivo de «eliminar toda posible visión social y política» contraria al gobierno, dijo en un comunicado.
El organismo de protección a defensores de los derechos humanos «urge a las autoridades nicaragüenses a revocar esta decisión y a garantizar, en todas circunstancias, el derecho a la libertad de asociación», indicó la FIDH.
