Las personas con discapacidades visibles y no visibles necesitan ser tratadas con respeto y empatía. Se requiere una concientización, sensibilidad e inclusión por parte del Estado y la sociedad, afirmó Jenny Elizabeth Medina Guzmán, asesora especializada en atención a personas con discapacidad de la Delegación Sinaloa.
Durante el conversatorio “Discriminación por discapacidades no visibles”, la abogada del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) detalló que al vulnerarse los derechos de las personas con discapacidad no visible pueden ser representadas a fin de acceder a una justicia de calidad.
“Pueden acudir con nosotros ante la negativa de acceder a apoyos sociales asignados a dicho grupo vulnerable, cuando se niega algún apoyo o ajuste razonable en el sector educativo, laboral o en alguna dependencia pública; o ante la negativa al derecho de protección a la salud”.
La asesora federal indicó que el impacto de tener una discapacidad no visible puede tener un gran efecto en la vida de alguien.
“Existe la estigmatizacion social, son etiquetados como personas flojas, niños berrinchudos, no hay una credibilidad de su discapacidad, ya que son sometidos al cuestionamiento de amigos y familiares. Así se presentan malos entendidos, valoraciones y críticas sin contexto. Aunque la discapacidad no se vea, no significa que no existe”.
La “discapacidad no visible” se utiliza para definir aquellas dificultades que impiden que una persona se desarrolle en su vida cotidiana de forma adecuada o que le causen problemas en cualquier ámbito de su vida, pero que son imperceptibles.
Por su parte, Grace Lugo, presidenta de la Asociación Mexicana de Autismo con Rumbo AC., explicó que las personas que padecen Trastorno del Espectro Autista son discriminadas y se les imponen barreras sociales que les impiden desempeñarse adecuadamente.
“Hay obstáculos oficiales para conseguir becas a favor de nuestros hijos, por ejemplo. No aceptan a los niños en las escuelas públicas, es un proceso largo y tortuoso. La educación debe ser laica, gratuita y de calidad. Lo padres de familia no deben costear la educación contratando a un profesor especial. No hay un seguimiento apropiado de las demandas legales. Las instituciones no están listas para recibirnos. Vivir con estas barreras es muy complicado y desgastante”.
Gracias al fortalecimiento del IFDP, dirigido por Netzaí Sandoval Ballesteros, acercamos la justicia a las personas que más lo necesitan, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
