ALFREDO MEJÍA MONTOYA
La violencia política en la que el régimen tiene secuestrado al pais, en pos de una supuesta transformación, se esmera en romper todo orden jurídico, donde el estado de derecho parece no importar, así será su tan anhelada transformación, cuando en realidad México se ha ido transformando una y otra vez a través de su historia. El presidente Andrés Manuel López Obrador pretende llevar a cabo la cuarta transformación, cuando llevamos infinidad de ellas. Ahora, utilizando la democracia como parapeto o bandera para sus fines propios, no de la nación, precisamente porque fue él, con la propuesta del 2019, de instalar una revocación de mandato en la Carta Magna, donde la iniciativa es que quién solicite la revocación del mandatario en turno por pérdida de la confianza, fuera la ciudadania, y no el presidente como sucedió. Aunado a que el mismo partido oficialista obtuvo de entre sus huestes, seguidores y fanáticos, las firmas para la procedencia de dicho ejercicio y lo mas grave, el mas grande acarreo de votantes de todos los tiempos, que hacen palidecer a los del PRI de los 70’s.
A nombre de la Democracia, se han violentado todos los principios jurídicos de esta figura de decisión, como la Igualdad, la libertad, la Justicia y la Solidaridad, mismos que ante la trascendencia de su figura se ha extendido a conceptos o elementos como la gobernabilidad, la ética, la libertad de expresión, la autonomía de las instituciones, la transparencia, la participación y la representatividad, respeto por los derechos humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal (sin acarreo).
“El Mandatario Federal que no observe estos valores y sea congruente con sus dichos; los hechos lo delatan y reflejan todo lo contrario, y será cómplice de traición a la patria, traición a la constitución y traidor al quehacer democrático”.
Resulta que la democracia en México, trae atareado a mas de uno, desde el inquilino de palacio, hasta los mandantes (pueblo) del poder público. La política continua siendo mas protagonista que la democracia, el partido oficialista obtuvo un gran numero de votos, suficientes no solo para ganar las elecciones, sino que con el número de representantes en la legislatura correspondiente, tenia la posibilidad de implementar, crear y enviar iniciativas de disposiciones, reglamentos y leyes en cualquier tema que le interesara al partido en el poder o a López Obrador, que lo hizo con su Revocación de Mandato; sino de hasta de modificar la Constitución a sus más oscuros intereses o las más claras intenciones de perpetrarse en el poder aún despues de su primera administración, la del 10 de abril, fue solo un ensayo, diria un pajarito.
Incluso, el partido oficialista con su mayoría calificada en 2019 adicionó la fracción IX, al articulo 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), creando la figura jurídica por medio de la cual la ciudadanía podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, la Revocación de Mandato del Presidente de la República (Publicada el 20 de diciembre de 2019 en el DOF).
Posteriormente, aún con mayoria en el Congreso de la Unión, más no con la mayoría calificada que perdió en los mas grandes comisios en la vida política del país el 6 de junio de 2021, crearon la Ley Federal de Revocación de Mandato, norma reglamentaria de la fracción IX, del artículo 35, de la CPEUM.
Democracia Directa y Representativa. De lo anterior, deviene el conflicto que existe en las huestes del partido oficialista, respecto de la Democracia Directa y Representativa.
Es cierto que aún y con la modernidad subsiste el debate sobre la democracia en cuanto a sus dos formas: directa y representativa; de sus diferencias, posibilidades y formas de interrelación. Esto es, por una parte, prevalece la idea de que la democracia es una forma de gobierno que debe incluir a todos y a cada uno de los ciudadanos; y por la otra, debe admitirse el hecho de que las sociedades actuales son complejas y que abarcan grandes poblaciones y áreas geográficas, y no se cuenta con las condiciones para mantener un sistema de gobierno en el cual todos los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones políticas. La imperiosa necesidad de legitimar las decisiones gubernamentales y los regímenes políticos sobre la base de la capacidad de participación política de la ciudadanía, pone a discusión la conveniencia de buscar mecanismos que integren estas dos formas de democracia.
La democracia directa y consulta popular parte de la base de que deben ser analizadas y puestas en práctica dentro del marco de las instituciones representativas del sistema político que, en el caso, sería el Instituto Nacional Electoral (INE). En ese contexto, una de sus ventajas, es la expresión pura de los intereses individuales y la responsabilidad ciudadana en la toma de decisiones y su traducción en la vida política del país. Sin embargo, con ese sistema nos “chamaquearon” con dos de las más grandes decisiones via consulta popular, dentro de la democracia directa precisamente porque no se llevaron al amparo de una institución representativa como el INE, sino fue a mano alzada. La cancelación del NAIM y la Cervecera Constellation Brands, en las que el partido oficialista utilizo a los mismos lideres votantes en la CDMX como en Mexicali, B.C. para decretar la cancelación de las obras y sus proyectos. La democracia directa supone la existencia de una comunidad en la cual las relaciones entre los integrantes se dan «cara a cara», donde predomina una cultura oral de deliberación, el nivel de burocratización es bajo y el sentido del deber cívico es muy alto, y en México no se dan esas premisas.
La relación entre ambas tiende a ser más complementaria que antagónica, el marco histórico en el que finalmente se resuelve es en la democracia representativa.
La amplia consolidación de los sistemas de democracia representativa y de sus evidentes virtudes en sociedades de alto indice poblacional y geográficamente extensas, los defensores a ultranza de la democracia directa han instaurado mecanismos que resuelvan los problemas de la intervención directa de la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas. Mecanismos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato, este último el adptado por el regimen actual, al grado de modificar la Constitución cuando tuvieron la mayoría calificada.
México, ya lo hemos comentado, tiene historias trágicas de pena y vergüenza, de traición, y golpes de Estado, luchas fraternas, y hasta crímenes de presidentes y de candidatos presidenciales, compra de votos vía programas sociales, que en nombre de la democracia se han ejecutado o ejecutan para llegar al “poder” o perpetrarse en el mismo, síntoma elocuente de la pésima calidad de gobierno y el actual no es la excepción.
Este sistema tan erosionado ha ocasionado que los gobernantes, en lugar de buscar el bien común, sostengan una fuerte lucha por mantener el poder, por evitar que alguien se los arrebate. La sociedad, el pueblo o la entidad que debería salir beneficiado con la acción democrática de gobernar es lo que menos les importa. Y en México esta ocurriendo esto a nombre de la democracia. “En el mundo moderno, son esas instituciones representativas como el INE las que constituyen el marco y fortaleza de la vida democrática”
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