ITZEL TOLEDO GARCÍA
En octubre de 2020 India y Sudáfrica presentaron una propuesta a la Organización Mundial del Comercio para que de manera temporal se renunciara a la protección de los derechos de propiedad intelectual de las tecnologías que eran necesarias para lidiar con la COVID-19. Esta propuesta tenía como objetivo acelerar la cooperación científica para terminar con la pandemia, pero los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Noruega y Singapur han bloqueado la propuesta hasta la fecha, misma que ha sido apoyada por gobiernos de más de 100 países. Sin cambios a los derechos de propiedad intelectual, las grandes farmacéuticas del Norte Global han logrado monopolizar el proceso de vacunación, lo cual ha tenido consecuencias graves.
Los países con economías fuertes han podido hacerse de una cantidad enorme de vacunas desde que estas salieron al mercado en diciembre de 2020 lo que ha facilitado una vuelta a la normalidad más rápida. En cambio, los países con economías débiles han lidiado con dificultades para conseguir las vacunas para su población y han tenido que recurrir a más estrictos confinamientos. Por ejemplo, en enero de 2021, mientras Canadá contaba con 9.6 dosis por persona, Indonesia tenía 0.7 dosis por persona. El contraste también ocurrió a nivel de uniones continentales: la Unión Europea contaba con 3.5 dosis por persona mientras la Unión Africana con 0.2. Hasta el 31 de marzo de 2022 el 65.1% de la población mundial había sido vacunada al menos con una dosis, el 58.6% tenía vacunación completa y el 21.2% tenía dosis de refuerzo. Se calcula que solamente 14,4% de las personas que viven en países con bajos ingresos han recibido una dosis de la vacuna, mientras que en países con altos ingresos al menos el 70% de la población ha recibido dos dosis. La lenta vacunación a nivel mundial también ha implicado que surjan nuevas variantes de la COVID-19, lo que ha complicado aún más el panorama. Hasta los primeros días de abril de este año, según datos oficiales, se calculaba que desde el 23 de enero de 2020 492 millones de personas se habían contagiado de COVID-19 y 6,15 millones habían fallecido a causa de esta enfermedad.
Aunado a ello, la priorización de la protección de la propiedad intelectual en vez de la cooperación científica por el bien de la humanidad ha llevado a ganancias estratosféricas en la industria farmacéutica. Ya en mayo de 2021 OXFAM señalaba que nueve personas se habían convertido en nuevos multimillonarios desde el comienzo de la pandemia debido a las ganancias que habían obtenido las corporaciones farmacéuticas. OXFAM agregaba que la riqueza de esos nueve nuevos multimillonarios consistía de 19,3 mil millones de dólares con lo cual se podría haber vacunado a toda la población proveniente de países con ingresos bajos 1.3 veces, quienes representan el 10% de la población mundial. En noviembre de 2021 OXFAM también reportó que compañías como Pfizer, BioNTech y Moderna estaban generando ganancias de 65,000 dólares por minuto (es decir, 93,5 millones de dólares al día) mientras los países más pobres continuaban con bajísimas tasas de vacunación.
Esta situación ha implicado que la cuestión de la necesidad de que haya una suspensión a las disposiciones de la propiedad intelectual para el combate contra la COVID-19 siga en discusión. Apenas el mes pasado se filtró un compromiso preliminar entre la Unión Europea, Estados Unidos, India y Sudáfrica, el cual no busca desmantelar el sistema de propiedad intelectual, sino realizar una derogación al acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual para la producción de vacunas contra la COVID-19, la cual solamente se aplicaría a los países en vías de desarrollo y que representen menos del 10% de las exportaciones mundiales anuales de vacunas COVID. Es decir, los países en vías de desarrollo tendían que obtener licencias para producir genéricos de las vacunas y solo podrían exportarlas a otros países en vías de desarrollo, siempre y cuando no representen una competencia a nivel global para las grandes farmacéuticas. Será en junio cuando los países miembros de la Organización Mundial del Comercio voten sobre esta cuestión en Ginebra.
El compromiso preliminar ha recibido varias críticas, por ejemplo, el gobierno mexicano señaló que era mejor no tener acuerdo que aceptar dicho “compromiso” que empeoraba la situación. También organizaciones civiles realizaron críticas, por ejemplo Médicos Sin Fronteras anotó que no es suficiente que se haga una suspensión a los derechos de la propiedad intelectual respecto a las patentes de las vacunas, sino que también es necesario aplicarla a los tratamientos y pruebas de diagnósticos COVID-19. Médicos Sin Fronteras también criticó que en el posible compromiso haya límites geográficos, por ejemplo que se excluya a países como China y Brasil licencias para producir genéricos. Además, otras organizaciones han señalado que este compromiso complicaría aún más la situación en términos legales pues la obtención de las licencias obligatorias requeriría muchos esfuerzos administrativos.
Los países con economías fuertes han logrado vacunar a un alto porcentaje de su población por lo cual se han tomado decisiones políticas que incitan a pensar que la pandemia acabó, pero esta perspectiva no considera las dificultades que existen en países con economías débiles. El acaparamiento de vacunas por países del Norte Global ha sido constantemente criticado y después de largos procesos burocráticos algunos países han regalado vacunas al Sur Global, pero esto de ninguna forma ha sido suficiente para lidiar con el problema. Como desde hace 18 meses se ha señalado, eliminar los derechos de propiedad intelectual para lidiar contra la COVID-19 beneficiarían a toda la humanidad al acelerar la producción y facilitar el acceso a diagnósticos, vacunas y medicamentos, pero la Unión Europea y Estados Unidos no se han mostrado dispuestos a aceptarlo y solo muestran capacidad para aceptar un compromiso con muchas limitaciones, ¿qué tiene que pasar para que cambien de perspectiva?
