RAÚL MONDRAGÓN von BERTRAB
“La seguridad ciudadana es concebida por la Comisión como aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas.”
–Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de los Estados Americanos
En 1999 el tema más relevante en México, su pendiente más urgente, era la seguridad ciudadana. Así, lo elegí como tema de mi tesis, propuesta aprobada por quien sería mi director de la misma, el maestro Salvador Abascal Carranza: Los futuros posible, probable y preferible de la seguridad pública en los Estados Unidos Mexicanos. Un esfuerzo prospectivo hacia el año 2020.
Diez años después, en 2009 y con motivo de la celebración de los 50 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el asunto se había convertido en guerra intestina para el país y hoy, a casi 25 años y dos después de la fecha hipotética planteada como un largo plazo para los escenarios explorados bajo la teoría del futurismo o prospectiva, donde no solo no cabía pensar que la situación empeorase, sino que se antojaban soluciones viables, en el 2022 la seguridad ciudadana es inexistente en nuestro país y motivo de extrañamientos desde Europa y Norteamérica.
Aquí se abre un breve paréntesis para denunciar el bodrio, el “despropósito” -como lo señalase el excanciller Jorge G. Castañeda- de respuesta del gobierno mexicano al pronunciamiento del Parlamento Europeo sobre la inseguridad en México y los crímenes contra periodistas. Ya advertíamos que la diplomacia mexicana había caído a su nivel histórico más bajo en este sexenio. Pero lo acontecido no es otro peldaño más hacia abajo, pues dicha diplomacia brilló por su ausencia al no haber sido ni consultada.
Recuerdo de mi trabajo de titulación la advertencia de no militarizar la seguridad, pues por sentido común se desprende que la formación del soldado es para responder a un enemigo, esto es, al tener enfrente a un ciudadano carece de las herramientas para un trato adecuado y respetuoso de los derechos humanos que garantizan la esfera jurídica del mismo. El policía, por otro lado, es instruido con esta misión en mente. La tendencia ha ido en dirección opuesta al sentido común, al grado de tener a militares dedicados a desarrollar infraestructura, a marinos en labores aduanales, y a ejército y marina como mayoría en un híbrido de guardias nacionales con algunos policías, en proporción de 5 a 1.
También viene a la memoria la llamada teoría de las ventanas rotas, que se origina en un experimento de la Universidad de Stanford, en 1969. Philip Zimbardo, psicólogo de la universidad, hizo estacionar un automóvil con el cofre abierto igual que las puertas, sin placas, en el barrio neoyorquino del Bronx, uno de los más peligrosos en esa época; y otro automóvil, emplacado y sin llamar la atención, en una calle de Palo Alto, California. En tan solo diez minutos, el vehículo del Bronx había sido vandalizado, tres días después nada de valor quedaba del auto, desmantelado en su totalidad en tan solo unos días. Mientras tanto, el coche de Palo Alto duró intacto una semana, hasta que el propio Zimbardo intervino, rompiendo una ventana con un martillo. Al dejar de estar en perfectas condiciones y mostrando ahora signos de abuso y negligencia, el automóvil quedó expuesto y, unas horas más tarde, había sido volteado y destruido tal como el del Bronx.
Este antecedente llevó, una década más tarde, a un científico social y a un criminólogo a acuñar la frase de “Ventanas Rotas” al profundizar en esta noción de que las probabilidades de que la gente vandalice un edificio con una ventana rota contra que lo haga sin ésta crecen exponencialmente. Puesto en otras palabras, la percepción de indiferencia o falta de importancia de la colectividad se traduce en permisividad. James Q. Wilson y George Kelling también sugirieron que si una comunidad tolera delitos que impactan la calidad de vida, como el uso de drogas y la prostitución, el mensaje a potenciales infractores es de descuido y promueve que el crimen escale en gravedad.
En la última década del siglo pasado, la teoría fue llevada a la práctica por el jefe de la policía de tránsito de Nueva York y después Comisionado de la NYPD en la administración de Rudolph “Rudy” Giuliani, William Bratton, con Kelling como consultor. Enfocados en castigar con “tolerancia cero” a los carteristas y evasores del metro, conocido entonces como el Inferno de Dante, y en reubicar a los desamparados, lograron mejorar los índices delictivos tanto en esos delitos “menores”, como en los más graves, descubriendo que muchos de estos criminales de bajo nivel eran buscados por crímenes más serios.
La tolerancia disimulada, la ausencia del Estado de derecho y sus principios, a saber, el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto de los derechos y las libertades fundamentales, y la legalidad de la administración, ha sido caldo de cultivo para la criminalidad en nuestro país. Al no reflejarse tales principios en la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, en la no arbitrariedad, en la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; en la participación de la sociedad en las decisiones de la vida nacional, en la libertad de asociación y expresión; y en la transparencia procesal y legal, el crimen organizado y el desorganizado han logrado una fructífera y peligrosa relación de codependencia con el poder en turno, que hoy amenaza nuestra viabilidad como nación soberana.
