Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Arrasando con todo lo que consideran obstáculo para la realización, a modo de la 4T, del ejercicio de participación ciudadana de Revocación de Mandato, a Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), nada los detiene. Ellos promovieron y aprobaron, con el peso de su mayoría legislativa, la reforma constitucional para la revocación, así como la ley reglamentaria correspondiente, para crear el marco jurídico de legalidad a este derecho ciudadano. Marco jurídico que, ahora, les incomoda, desconocen y modifican porque, convertido en partido en el poder, su visión ya es otra.
Resulta que las demandas por las que tanto lucharon los actuales morenistas, cuando eran oposición, en aras de alcanzar un país más democrático, cristalizaron en reformas legales que fueron rompiendo el cerco del partido casi único, que fueron emparejando los terrenos de la competencia electoral hasta que, finalmente, se logró la alternancia en el poder.
Ciertamente, al entonces partido aplanadora le beneficiaban las circunstancias de su hegemonía de poder y control político, en un contexto legal que no le ponía límites y le permitía excesos y el avasallamiento a las fuerzas de oposición. Los límites se fueron estableciendo, ante la exigencia de una oposición que actuaba en desventaja y la necesidad de una apertura democrática que ya no podía esperar.
Así se explican disposiciones constitucionales para la regulación de los procesos electorales, que se aplicaron a la revocación de mandato, como las que prohíben el uso de recursos públicos en la recolección de firmas y en la promoción y propaganda relacionados con este proceso; la suspensión de “toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”, exceptuando las relativas a salud, servicios educativos y protección civil, en casos de emergencia, y la exclusividad del Instituto Nacional Electoral (INE) en su difusión y promoción para la participación ciudadana.
Pero resulta que esas medidas, que equilibraron la competencia electoral entre oposiciones y el partido en el poder, ahora estorban a quienes, cuando no eran gobierno las demandaron y consiguieron. Y es que, sin lugar a dudas, no es lo mismo gobernar que ser oposición y la tentación de ejercer un control político total, parece estar flotando en el ambiente de la 4T, lo que, por supuesto, no tiene nada de democrático y si mucho de autoritarismo.
Los dimes y diretes sobre la revocación de mandato entre Morena y la autoridad electoral, han enredado aún más el significado y propósito de este proceso, lo que tiene al ciudadano confundido y desorientado. Y, mientras la autoridad promueve un ejercicio de revocación, que a ningún ciudadano se le había ocurrido y por el que no parece haber el mayor interés, en la 4T hay el compromiso de juntar muchos votos para alardear el apoyo popular al presidente López Obrador a través de una ratificación hechiza.
Poco le ha ayudado a Morena actuar fuera de los límites de la legalidad para convencer a los ciudadanos de ejercer su derecho a la revocación, pero en sentido contrario. De la nada han surgido carteleras, impresos, mantas y volantes con la imagen del presidente y un texto que invita a votar para que “siga AMLO”, cuyo financiamiento es un misterio. Ante la evidente ilegalidad de esta campaña, los diputados de Morena desempolvaron del baúl legislativo la facultad de interpretación correcta y, en modo fast track, por 268 votos a favor y 213 en contra, Morena y socios aprobaron el decreto que permite a los funcionarios promover la consulta de revocación sin que esto se considere propaganda.
Las prisas llevaron a los legisladores del partido en el poder a no reparar en “detalles” de legalidad para sacar adelante su iniciativa (aprobada en sólo seis horas), como haberla presentado el presidente de la Cámara que por el cargo estaría obligado a actuar con imparcialidad. Nada les impedía que hubiera sido el coordinador de su bancada quien la presentara; la propuesta no pasó por comisiones ni era asunto urgente; de acuerdo con la Constitución (Art.105), los cambios legislativos deben hacerse 90 días antes de la fecha del proceso, por lo que no debería aplicar en la consulta del 10 de abril.
Según encuestas publicadas (El Financiero), a la pregunta: ¿La consulta de revocación de mandato es necesaria, o no? la opinión favorable va en descenso. Sin duda, la ratificación vencerá por mucho a los que voten por la revocación, lo que demostrará el despropósito de la intención original del ejercicio y la inutilidad del gasto realizado. La movilización acelerada de funcionarios de Morena en la promoción del evento, muestra la preocupación de la 4T ante el riesgo de un proceso desairado.
Pero los efectos colaterales, preocupan. La modificación en la interpretación de las reglas sobre la propaganda en tiempos electorales, aprobada ya en comisiones por el Senado, permitirá al gobierno su intervención en los procesos electorales, como antes. No es una buena señal para el 2024 y nos revierte a los tiempos del PRI aplanadora.
Marzo 10 de 2022
