Al cuestionar la negativa a aceptar una recomendación por parte del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García a admitir una recomendación relacionada con graves violaciones a su integridad, que incluyó tortura y agresión sexual por parte de elementos de la policía ministerial de la Fiscalía de esa entidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó “la postura y declaraciones estigmatizantes y sin perspectiva de género de las autoridades del estado de Veracruz”.
En un pronunciamiento, sobre la actitud del gobierno y la Fiscalía veracruzana, la CNDH detalló los excesos en que incurrió el personal de la policía ministerial y del penal de Pacho Viejo en Veracruz. La recomendación fue emitida ante la queja promovida por la madre July Raquel Flores que fue detenida en la ciudad de México, presuntamente vinculada al homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid en Xalapa.
Sin embargo, durante el trayecto, acreditó la CNDH, “fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de la policía ministerial de esa Fiscalía, por lo que la falta de evidencias médicas o certificaciones adecuadas no realizadas a la víctima, no deben constituir un elemento primordial para demostrar que tales actos sucedieron”.
La CNDH constató, después de aplicar el protocolo de Estambul, que no sólo fue torturada y agredida sexualmente por policías ministeriales adscritos a la Fiscalía, sino que fue obligada a responder que su estado de salud estaba bien al llegar a Veracruz.
En su explicación, el organismo subraya que “ha dejado huella en su esfera psicológica y física dados los actos atroces cometidos a su integridad sexual sustentados en los resultados emitidos tras los exámenes practicados conforme a lo establecido en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”.
Más adelante, explica que al ingreso de la víctima al Centro de Readaptación Social no se contaba en ese momento con personal médico de guardia para que certificara su integridad física por lo que solo fue valorada por una enfermera que se encontraba presente, quien no era la autoridad facultada para certificar a la víctima al momento que ingresó al Cereso Pacho Viejo, toda vez que este debe ser realizado por personal de salud idóneo y capacitado, con la finalidad de constatar su estado de salud física, sexual o mental”.
Al explicar detalladamente los excesos cometidos, la CNDH añade que durante la entrevista que sostuvo la víctima con personal de psicología de ese Centro Penitenciario, les refirió sobre los actos de tortura y violencia sexual del que fue víctima, además observaron las condiciones en la que se encontraba, teniendo el deber de denunciar los mismos a la autoridad competente ya que estaban ante la probable comisión de un ilícito y de violaciones graves a sus derechos humanos, lo que no sucedió, y que indudablemente ha impactado en su acceso a la justicia como se refiere en la Recomendación emitida”.
Finalmente al lamentar la postura del gobierno de Veracruz, la CNDH censuró la postura de “quienes dentro de su ámbito de competencia tienen el deber de realizar las acciones conducentes para que tales conductas no vuelvan a repetirse en un marco de respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los más altos instrumentos nacionales e internacionales”.
