El gobierno de Guatemala, encabezado por Alejandro Giammattei, declaró este domingo el estado de sitio en el municipio indígena de El Estor, apenas un día después de que la policía disolviera una protesta contra una minera suiza que dejó cuatro policías heridos arma de fuego y civiles afectados por el gas lacrimógeno.
La medida suspenderá el derecho de manifestación y permitirá que las fuerzas de seguridad realicen detenciones sin un orden judicial, entre otras restricciones constitucionales, durante 30 días, detalló el gobierno en un decreto publicado en el Diario de Centroamerica, la gaceta oficial del país.
«En el municipio de El Estor (…) diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad», indicó el decreto.
El estado de sitio debe ser ratificado en los próximos días por el Congreso para que no pierda vigencia.
El sábado, policías despejaron una carretera donde un grupo de indígenas se habían apostado desde el 4 de octubre «en resistencia» al denunciar que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.
El grupo, que se opone a la minera por considerar que provoca daños ambientales, también denunciaba que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.
En el operativo cuatro uniformados resultaron heridos de bala en las piernas, según un informe de la policía. Varios pobladores fueron afectados por los gases lacrimógenos que lanzó el escuadrón antimotín, precisó la prensa local.
«El estado de sitio se establece al considerar y determinar que (…) en El Estor (…) se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes», agregó el gobierno.
En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN, iniciadas en 2014, al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.
La Corte precisó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales, además de incumplir con un estudio de impacto ambiental del área, por lo que ordenó realizar el referendo comunitario.
