Los delitos que imputa la Fiscalía General de la República (FGR) a científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acumulan una pena máxima de 81 años de prisión.
La Fiscalía solicitó a un juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, que 31 científicos, académicos y ex funcionarios del Consejo puedan ser detenidos por los delitos de delincuencia organizada que prevé una pena máxima de 40 años de cárcel; peculado, con una pena de hasta 14 años; uso ilícito de atribuciones y facultades, que tiene una pena máxima de 12 años y por operaciones con recursos de procedencia ilícita, con una pena de hasta 15 años de cárcel.
“En relación con Enrique Cabrero Mendoza y Julia Tagüeña Parga también se actualiza la agravante contemplada en el artículo 5, fracción I de la Ley de la materia, incrementando la pena hasta en una mitad por haber cometido el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada teniendo el carácter de servidores públicos”, solicitó la FGR el pasado 24 de agosto.
Esto significa que Cabrero, ex director de Conacyt y Tagüeña Parga, ex coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) alcanzarían penas máximas de más de 100 años.
Luego de esa petición, el juez Gregorio Salazar devolvió el expediente a la FGR por inconsistencias y dio 15 días para subsanarlas.
La FGR nuevamente solicitó los mandamientos judiciales y estos fueron negados por el juzgador.
Piden cárcel de máxima seguridad para imputados
La Fiscalía buscó, de acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión, que los científicos y académicos lleven su proceso penal en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, pues este centro tiene las características necesarias para que cumplan, la prisión preventiva oficiosa que prevé el delito de delincuencia organizada.
En el caso de las mujeres solicitó su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social CPS 16 femenil de Morelos.
La FGR argumentó que tienen la capacidad económica para realizar actos de corrupción en una prisión con medidas bajas de seguridad.
“En primer lugar debe señalarse el hecho que se atribuye a los imputados implica la recepción y adquisición de enormes cantidades de dinero. Cuestión que se traduce en que, al tener las personas investigadas una capacidad económica obtenida en forma ilícita, podrían realizar actos de corrupción en algún centro con medidas de seguridad bajas o medias; o, incluso, poner en peligro la seguridad interna de las prisiones, por tener medios económicos para favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión…
«Sin dejar de lado que también podría ser esta capacidad económica un riesgo propio para los imputados, puesto que el estar sujetos a una medida cautelar internos en un centro penitenciario de baja seguridad podría poner en peligro su vida e integridad física, ya que las terceras personas, que se vean afectadas de forma directa o indirecta en el desarrollo del proceso penal, podrían valerse de esta mediana o baja seguridad del lugar de reclusión para atentar contra la vida de los imputados, en aras de que no se les relaciones en los hechos, buscando con esto sustraerse de la acción de justicia”, señaló la FGR.
