TEMAS CENTRALES Una herencia maldita
Miguel Tirado Rasso
Desaparición forzada: es “la detención,
el secuestro o cualquier otra forma de
privación de la libertad por agentes del
Estado o por personas o grupos de
personas que actúen con la autorización,
el apoyo o la aquiescencia del Estado…”
En los inicios del gobierno pasado, en febrero de 2019, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Una estrategia, se dijo, para búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. En el comunicado correspondiente se detallaba la existencia de 40 mil personas desaparecidas, mil cien fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar.
En entrevista, el entonces jefe del Ejecutivo, declaraba que con las acciones para dar cumplimiento a la Ley, darían atención a “un saldo doloroso, terrible de la política económica neoliberal…Esta es la consecuencia de una política fracasada, inhumana, corrupta, que ya no puede imponerse en nuestro país,” denunciaba.
No obstante, la afirmación reiterada de López Obrador, en el sentido de que este tema era prioritario para su gobierno, su indiferencia, alejamiento y rechazo al caso de desapariciones y a las madres buscadoras, con las que nunca aceptó reunirse en los casi seis años de su mandato, se reflejó en el incremento de personas desaparecidas y no localizadas. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, adscrita a la Secretaría de Gobernación, a solo unos días de la terminación de su gobierno (septiembre 23 de 2024) el número de desaparecidos sumaba 51 mil 999 casos.
En el año anterior a la conclusión de su mandato (2023), su gobierno buscó manipular la información para reducir los reportes de desaparición. Inconforme con este manejo irregular, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, habría renunciado a su cargo. Ahora nos enteramos que no hay datos confiables, mientras que la exfuncionaria que no aceptó alterar los números, ahora trabaja en la ONU, como responsables de la Institución Independendiente sobre las Personas Desaparecidas en Siria.
Por la negligencia con la que se ha tratado este problema en el pasado, no debería de llamar la atención la decisión del Comité de la ONU contra la Desparición Forzada, de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Proteción de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, respecto a la situación de México, dadas las denuncias recibidas, “las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado parte…las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el Comité, tras su visita a México.” Esto significa que, en caso de que por la información recabada, se tengan indicios de que la desaparición forzada se practica de forma, generalizada o sistemática en nuestro país, se podrá llevar “la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de la Naciones Unidas…”
La reacción de nuestro gobierno ante el anuncio del presidente del Comité fue de indignación. Por una parte se envió una nota diplomática de reclamo a la ONU, acusando al organismo de emitir una opinión sin contar con información, enfatizando que en nuestro país no hay desaparición forzada desde el Estado. Sí bien, la Presidenta admitió que hay un fenómeno de desaparición vinculado con la delincuencia organizada.
En el Congreso, la bancada morenista se fue con todo en contra del Comité y de su presidente, al grado de que, en el Senado, por mayoría se aprobó un pronunciamiento en el que se pidió la destitución del diplomático. Los senadores ignoran que la decisión fue de los10 integrantes del Comité y que su presidente solo fue el conducto para anunciarla. El partido Morena, por su parte, no se quedó atrás. Su presidenta, Luisa María Alcalde, acusó que los señalamientos contra México tenían orientación política e ideológica, afirmando, con una cara muy dura, que desde 2018 a la fecha, el gobierno de México no desaparece personas ni viola derechos humanos y tampoco tolera ni encubre a ninguna autoridad. Según la afirmación de la dirigente, todas las desapariciones registradas son herencia de un pasado muy remoto, ninguna ocurrió en los últimos seis años, durante el gobierno que recién concluyó.
En fin, que a pesar de los 125 mil desaparecidos, de las más de 5 mil fosas clandestinas, de los 72 mil cuerpos sin identificar, de una impunidad que casi alcanza el 100 por ciento, este gobierno se niega a reconocer la herencia que, en esta materia, le dejó el macuspano. Nadie está acusando a nuestro país de tener una política de desaparición forzada, pero no se puede negar que en algunos lugares y en algunos casos, hay tolerancia para estas acciones cometidas por el crimen organizado o, de plano, complicidad de las propias autoridades. Los casos de Ayotzinapa y del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, son solo un par de ejemplos.
Las conductas de los grupos delincuenciales que merecen la invisibilidad de las autoridades, caen en el supuesto del artículo 2 de la Convención Internacional, que define la desaparición forzada como “la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado…”
Abril de 2025
