Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Nacional Financiera ha sido en el último lustro una entidad cuyos fines originarios se han perdido y el apoyo para las empresas mexicanas dejó de ser el pivote impulsor para el crecimiento de la economía nacional. Con el mismo director, Bancomext ha quedado a deber, lo mismo que Banobras. Las tres entidades son la aorta del sistema financiero nacional.
Una decisión, al parecer del todo irregular -no decimos que ilegal- hizo que el nombre de Nafin y su director -y de Bancomext al mismo tiempo-, Luis Antonio Ramírez Pineda fueron colocados en la palestra por algo que está envuelto en el papel del tufo discrecional de Morena, del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora que alcanzaría a la presidenta Claudia Sheinbaum: disponer y entregar a la Tesorería de la Federación 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos depositados en un Fidecomiso del Poder Judicial de la Federación y que administraba por el contratante denominado Consejo Federal de la Judicatura Federal.
El ahorro forma parte de los fideicomisos establecidos para financiar pagos extraordinarios a jueces y magistrados que se jubilaron o renunciaron voluntariamente tras la implementación de la reforma judicial. Es decir, se trata de recursos que fueron tomados del Presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados durante lustros y que tienen un fin concreto y legal.
El fideicomitente confío los recursos al fiduciario, en este caso Nacional Financiera y solamente el otorgante está autorizado a su utilización mediante la aprobación de los integrantes del consejo y con el aval de su presidenta, en este caso, la ministra Norma Piña.
Sin existir autorización del fideicomitente, la entidad financiera transfirió los más de 10 mil millones de pesos, cuando éstos se encuentran protegidos por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de preservar los recursos para los que fueron destinados desde la conformación de los fidecomisos.
El asunto no es menor.
El ejemplo de “hurtar” el dinero lo puso el expresidente López al pedir al Congreso de la Unión -dominado por morena y adláteres- quien recibió la autorización de cancelar 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden -qué como ha hecho falta en los últimos cuatro años cuando la naturaleza se ensañó con el país- y el dinero se puso a su disposición para distribuirlo discrecionalmente “evaluando” las necesidades de gasto.
Nafinsa, la que dirige Luis Antonio Ramírez Pineda, no explicó, en documento alguno, la razón para disponer de los recursos mencionados. Además, ignoró que la Corte protegió jurídicamente la preservación de 14 fideicomisos por estar constituidos para fines específicos. Por ejemplo, jubilaciones.
El Consejo de la judicatura Federal anunció que habrá denuncias -seguramente de orden penal- por la transferencia, en principio irregular, de los más de 10 mil millones de pesos sin causa justificada ni orden presidencial.
Esta acción, inédita para estar en línea con las acciones de los gobiernos del “pueblo nuevo”, rompe el estado de derecho y sepulta la confianza de ahorradores, más allá de los del PJF, y que como entes privados establecen fideicomisos para distintas actividades.
Si Nafin es el eslabón más delgado para garantizar los ahorros de quienes fueren, el señor Ramírez Pineda prepara los funerales de una entidad que había sido ejemplo del manejo sentado de sus servicios financieros.
¿Qué sigue?
Es un enigma. La destrucción de la independencia del Poder Judicial afecta directamente a la todavía moribunda institución.
¿A quién recurrir para recuperar lo que no es del gobierno?
Deberá, es una exigencia, explicarse en base a qué el director de dos de las instancias más importantes, por lo menos lo eran, del Estado mexicano para impulsar empresas y creación de empleos, de debió la artera puñalada a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque los ministros y ministros en retiro, son también trabajadores.
Una decisión que fulmina el ESTADO DE DEREFHO.
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