La justicia electoral no puede ser un privilegio de unas cuantas personas, pues el acceso a ella es el fundamento para el ejercicio de los derechos político-electorales, y estos a su vez son la puerta para abrir y defender los derechos humanos básicos, afirmó la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora Malassis, en el marco de los “Diálogos con la Defensoría Pública Electoral”.
Al impartir la conferencia magistral “El enfoque interseccional en las sentencias del TEPJF”, advirtió que la justicia es transformadora y no puede conformarse con resolver controversias legales, sino que debe buscar cambiar las condiciones estructurales de exclusión y de desigualdad que persisten en el país.
En ese sentido, la magistrada Otálora Malassis expuso que con esa perspectiva el TEPJF ha fungido como un órgano garante de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, sin importar su origen, su cuerpo, su identidad, su ubicación geográfica, su edad o la historia personal de quienes han demandado justicia electoral.
Consideró que la confianza en las instituciones electorales y judiciales depende en gran medida de la capacidad de quienes las integran de responder a la demanda social de ver, escuchar e incluir a todas las personas. Por ello, dijo, es importante incorporar el enfoque interseccional como un elemento básico de las decisiones y como una herramienta para cumplir de forma más plena su misión constitucional.
Expuso que al juzgar con interseccionalidad se ve a las personas en su integralidad y se puede hacer realidad la promesa pendiente de la democracia, la cual consiste en construir una sociedad donde todas las personas ejerzan plenamente sus derechos de manera digna y en igualdad de condiciones.
Antes, en su mensaje inaugural de este foro, sostuvo que la justicia electoral no puede ser un concepto abstracto, sino una herramienta viva que permita transformar realidades para asegurar que cada persona, en cada rincón del país, pueda ejercer plenamente y con dignidad su ciudadanía.
Por ello, Otálora Malassis se pronunció por que ninguna voz en el país quede fuera ni sea invisibilizada en la construcción democrática. Todas las personas deben tener las mismas oportunidades para poder alzar la voz y con ello incidir en la construcción de las políticas públicas, añadió.
En ese sentido, destacó que la Defensoría Pública Electoral del TEPJF permite que todas las personas sean escuchadas y puedan participar en la conducción política de los asuntos públicos y exigir políticas que también respondan a las necesidades de toda la ciudadanía.
Durante la inauguración del evento estuvieron presentes la titular de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF, Marina Martha López Santiago; el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, Fernando Javier Bolio Vales; el consejero electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, Alejandro Alberto Burgos Jiménez; la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal, Ariana del Socorro Couoh Osorio; el vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, Arturo José Ambrosio Herrera, y el defensor en la Defensoría del TEPJF, Juan Carlos Martínez Hernández.
Más tarde, los trabajos continuaron con el panel “Acciones emprendidas para una democracia incluyente”, con el objetivo de dar cuenta de las acciones implementadas por diversas instituciones para contribuir a garantizar los derechos político-electorales de personas discriminadas históricamente. Posteriormente, se realizó el panel “Pendientes para fortalecer la participación política de grupos en situación de vulnerabilidad”, a fin de fomentar la participación política de estos sectores.
Por la tarde concluyeron los trabajos con el panel “La autoadscripción. Los debates en curso”, con la finalidad de analizar las complejidades de la autoadscripción simple y calificada, considerando los retos de diversas poblaciones históricamente discriminadas.
