· El documento fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales
El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que propone expedir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como un ordenamiento encaminado a modernizar el marco jurídico de las contrataciones públicas que realiza la Administración Pública Federal.
La propuesta aprobada, en lo general con 68 votos a favor y 23 en contra, plantea reformar la Ley de Austeridad Republicana, la Ley de Economía Social y Solidaria, y la Ley General de Sociedades Cooperativas, para armonizarlas con el contenido de la nueva legislación.
La senadora Gina Gerardina Campuzano González y el senador Enrique Vargas del Villar, del PAN; así como las senadoras Amalia Dolores García Medina y Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, presentaron reservas a diversos artículos; sin embargo, no fueron aceptadas por la Asamblea.
Por ello, la propuesta quedó en los términos del dictamen y fue aprobada en lo particular con 66 votos a favor y 23 en contra, por lo que se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
En el documento, se destaca la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, en sustitución del Sistema CompraNet, con el objetivo de automatizar todo el proceso de contratación pública, lo que permitirá la suscripción de contratos por medios electrónicos y facilitará la interconexión entre sistemas electrónicos relacionados a las contrataciones públicas.
Asimismo, la creación de la Tienda Digital como mecanismo de contratación, dirigido a los bienes y servicios de uso común y generalizado. Con dicha tienda se sustituyen los mecanismos tradicionales por asignaciones ágiles y expeditas que permitan la obtención de bienes y servicios con toda oportunidad.
También se renuevan las estrategias de contratación y se establecen nuevos procedimientos, además de que se incluyen elementos de justificación para las contrataciones entre entes públicos.
El proyecto propone condiciones favorables a Sociedades Cooperativas, organismos del sector social de la economía, MIPYMES y para grupos de atención prioritaria para fomentar la competencia y la obtención de mejores precios y condiciones de calidad para el gobierno; y al mismo tiempo se permita la participación en la economía a una escala más amplia de grupos, para generar bienestar a la población de los sectores más vulnerables.
De la misma forma, se incluyen medidas de vigilancia y control efectivo que se apeguen a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, tales como:
El que no podrán ser contratadas personas morales de las que formen parte las servidoras públicas designadas por la persona titular del Ejecutivo Federal para evitar el tráfico de influencias o conflictos de interés; se restringirán los contratos por parte de las dependencias y entidades, con personas que hayan incurrido en la comisión de prácticas monopólicas absolutas; y quienes tengan incumplimientos reiterados de sus obligaciones contractuales o cuenten con socios inhabilitados.
También se refuerzan las facultades de vigilancia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mediante la intervención de oficio; los proveedores deberán acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales; y se modifican los parámetros de imposición de multas y los periodos de inhabilitación para participar en procedimientos de contratación previstos en la ley.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, señaló que la legislación actual carece de un enfoque social, mecanismos que beneficien a grupos de atención prioritaria y de elementos que promuevan las compras verdes y la sostenibilidad; por ello, dijo, es fundamental expedir un nuevo ordenamiento que regule las contrataciones públicas, con el objeto de garantizar que ninguna persona pueda beneficiarse con recursos que deben ser utilizados para beneficiar a la población.
A favor del dictamen, el senador de Morena, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, defendió que este marco jurídico abona a la transparencia y al combate a la corrupción, además de que respeta el dinero que aporta el pueblo mexicano para que no haya dispendio ni robo al presupuesto, pues, afirmó, la reforma está fundamentada en los principios del humanismo mexicano.
En representación del PT, Lizeth Sánchez García señaló que estas modificaciones van más allá de ser cambios técnicos o ajustes administrativos, pues se trata de una “declaración de principios”, una transformación profunda del modelo de contratación pública y también una respuesta firme y estructural contra décadas de corrupción, influyentísimo y simulación.
Waldo Fernández González, del PVEM, explicó que esta reforma traza con claridad el propósito de blindar el uso de los recursos públicos contra la corrupción y asegura que cada acción del Estado responda a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez: “así lo público sirve con integridad al bienestar colectivo”.
En contra del dictamen, Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, criticó que se precisen 30 meses para la implementación de la nueva plataforma de adquisiciones, pues consideró que es demasiado tiempo y no se cuentan con reglas de operación, lo que “deja en lo obscurito” el dinero de las y los mexicanos: “quizá, lo que quieren, es desaparecer los contratos de los últimos seis años”, acusó.
La senadora del PRI, Cristina Ruíz Sandoval, señaló que esta reforma no aportará modernización al sistema de adquisiciones del gobierno, sino que se trata de una “simulación” y “trampa legal” para permitir opacidad y corrupción, “quieren que aprobemos una ley que legaliza vicios”, advirtió.
De Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich sostuvo que la nueva plataforma digital de contrataciones públicas presenta muchos “peligros”, pues sólo está obligada a conservar la información por cinco años, con lo que se pueden perder datos de 2.6 millones de contratos por 9.9 billones de pesos de los tres sexenios pasados.
