El Senado recibió esta tarde la iniciativa de reforma en materia de desaparición de personas que la semana pasada anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento plantea modificar la Ley General en Materia de Desaparición forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población.
En la exposición de motivos, se señala que en el pasado, durante la guerra sucia, la desaparición forzada era perpetrada por agentes del Estado. En la actualidad la comisión de ese delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y particulares.
Por ello, se destaca, que es imprescindible la actuación inmediata de las autoridades, para que desde las primeras horas ordenen medidas dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse, las cuales deben partir de la presunción de vida de la persona desaparecida, hasta llegar a un resultado determinante sobre su situación, el cual debe incluir una investigación exhaustiva.
A la legislación sobre desaparición forzada, se le incorpora la Plataforma Única de Identidad, la cual será una herramienta que facilite la búsqueda y localización de personas, que se conectará con diversas bases de datos, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y registros administrativos. Esto permitirá realizar búsquedas continuas y exhaustivas, optimizando los recursos disponibles en la búsqueda de personas, mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP).
La CURP se convertirá en elemento base de identificación de las personas, se menciona. La capacidad de monitorear esta clave en tiempo real es fundamental para detectar y actuar rápidamente ante posibles casos de desaparición, lo que refuerza la capacidad de respuesta de las autoridades ante situaciones críticas. Por ello, es fundamental la habilitación de accesos para Fiscalías y Comisiones de Búsqueda a dicha plataforma, pues esto garantizará que las entidades responsables cuenten con la información necesaria para llevar a cabo sus labores de manera efectiva, al mismo tiempo que promueve la colaboración entre entes públicos y privados, se menciona en la propuesta presidencial.
