Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación y Rosa Icela Rodríguez, en Seguridad Pública, tenían conocimiento de las acciones de cuando menos cinco cárteles que condujeron a la leva de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, en el pasado gobierno, nada hizo el huésped temporal de Palacio Nacional. Tampoco las dos funcionarias actuaron, por lo menos se desconoce si lo hicieron, para frenar el adiestramiento de quienes, pasando los meses, se convertirían en parte integral del crimen organizado. Pero siempre lo supieron. Y lo ocultaron.
En un informe divulgado en el portal de la periodista Carmen Aristegui, se establece que Los grupos del crimen organizado en México han adoptado nuevas y sofisticadas tácticas para reclutar a menores de edad, utilizando redes sociales, videojuegos y falsas promesas de dinero y empleo.
Las autoridades han identificado que los cárteles utilizan plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Twitch y Discord, así como chats en videojuegos populares como Free Fire, Battlefield, Fortnite y Call of Duty, para contactar a menores.
Parte de la publicación señala que “de acuerdo con Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, el informe fue desarrollado en el 2021 y publicado en la web en 2023. Precisó que no se realizó una presentación oficial, algunas entregas focalizadas a medios de comunicación desde Segob y SSC que se publicaron en 2023 y 2024.
Agregó que los datos son parte del proceso de incidencia que logramos con dos audiencias ante la CIDH, una estrategia con Olga Sánchez Cordero, en ese entonces al frente de Segob y un “observatorio” de niñez reclutada con la SSC de Rosa Icela”.
Es el informe es largo y tiene datos importantes, pero lo sobrsaliente es lo antes escrito y ello nos lleva a suponer que el pasado gobierno siempre supo cómo actuaban los grupos criminales y, sin embargo, fue omiso en tomar decisiones que impidieran la cooptación de niños y adolscentes.
¿Por qué se hace público el informe justamente cuando está el escándalo por los restos encintrados en el rancho Izaguirre?
La impresión que queda es que la presidenta de la República nada ha tenido que ver en las despariciones forzadas antes de llegar al cargo. ¿Ignoraba todo? Es probable más no seguro.
Porque en la publicación se asienta lo siguiente: El reclutamiento de menores se concentra en 18 de los 32 estados del país, siendo Baja California la entidad con mayor incidencia, seguida de Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México. ¿Qué reporte existe de lo ocurrido en la capital del país cuando la hoe¿y presidenta era jefa de Gobierno y Omar García Herfuh secretario de Seguridad Pública? No se conoce ninguno, o al menos, fue entregado a “fuentes afines”.
De las entidades mencionadas, solamente una no está gobernada por integrantes de Morena.
Es una tragedia que en las dos secretarias en las que se ordena la gobernanza del país y la seguridad federal, no haya existido una acción determinante, firme, enérgica que frenara el reclutamiento de quienes aún no tienen idea de lo que pasará con su futuro inmediato.
Ignorar los datos, ocultar la información, estar enteradas las dos titulares de las citadas dependencias que formaron parte del gabinete de seguridad que todas las mañanas “rinde informes de cómo se encuentra el país”, resulta una falta de respeto a las familias que pierden a sus hijos y para todo la población que confió, errónemente, en la conducción de México.
Es probable que la difusión del informe haya sido una orden de la presidenta Sheinbaum con un solo objetivo: demostrar que es ajena a lo ocurrido en el rancho Izaguirre y en explosivo crecimiento de desaparecidos, parte de ellos, le corresponden desde el uno de octubre del año pasado, es decir, 5 meses y medio de gobierno.
Es cuando uno se pregunta ¿dónde está la transparencia de los gobernantes?
La ciencia respondería: en el cajón de los secretos de estado.
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