El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y alista 3 mil 380 carpetas de investigación por “corrupción y conflictos de interés” en contra de desarrolladores, constructoras, notarios públicos, ex funcionarios del instituto y coyotes, que despojaron de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes.
Así lo reveló Octavio Romero Oropeza, quien se convirtió en el primer director del Infonavit en presidir una Asamblea General con derecho de voz y voto sobre las operaciones. Con ello se da inicio a una nueva etapa en el seno del organismo y se dejan atrás décadas en las que se “desvirtuó el verdadero espíritu del tripartismo” por parte de actores que hicieron “negocios privados” a costa de los acreditados.
Este miércoles se realizó la 133 Asamblea General Ordinaria, en la que se presentó su nueva estructura tras reformarse la ley del instituto y se formalizó la desaparición de las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial.
Fueron designados los 30 miembros de la Asamblea General; 12 del Consejo de Administración; nueve de la Comisión de Vigilancia, y tres del Comité de Auditoría.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, tomó protesta a los integrantes de estos órganos colegiados, los cuales estarán conformados de manera tripartita por los sectores gobierno, trabajadores y empresarios.
Ante asambleístas representantes de estos sectores, Romero Oropeza señaló que debido a las “alianzas corruptas” entre autoridades y funcionarios de administraciones anteriores, en complicidad con despachos, constructoras y otros actores, permitieron que se otorgaran múltiples créditos para una misma vivienda, “dieron lugar a las ventas sucesivas” de inmuebles.
También, producto del contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y notarías, se demandó a más de 373 mil derechohabientes, quienes sin ser notificados fueron despojados de su patrimonio por medio de juicios masivos ilegales.
Esta estrategia de despojo le costó a los trabajadores más de 29 mil millones de pesos, apuntó.
Al arranque de esta gestión, “encontramos al instituto con prácticas originadas en sexenios previos al del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, alejadas de su verdadera misión que es asegurar el derecho de las personas a la vivienda. La corrupción y los intereses ajenos a los derechohabientes contaminaron su funcionamiento, convirtiéndolo en un espacio donde importaban más los negocios privados”, acusó.
El director del Infonavit indicó además que existen que le adeudan al instituto más de 2 mil millones de pesos que entregaron vivienda de mala calidad o que no entregaron. Dijo que las constructoras hicieron “mal uso” de la Línea III de crédito para financiar dichos proyectos.
Romero Oropeza recordó el caso de la empresa Telra Realty, contratada para diseñar una plataforma de soluciones de vivienda, pero que incumplió con el contrato de 100 millones de pesos, y en lugar de ser penalizada, recibió por autorización del Consejo de Administración, una indemnización por 5 mil millones de pesos.
“Lo anterior desvirtuó el verdadero espíritu del tripartismo y dio paso a la utilización del Infonavit para satisfacer intereses económicos particulares al amparo del supuesto consenso entre los tres sectores que lo integran”, subrayó.
El titular del Infonavit, quien ahora tendrá derecho a veto en las decisiones al interior del instituto, destacó que la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) regularán las operaciones financieras, mientras que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará las operaciones del instituto.
