El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, aseveró que en el caso del Rancho Izaguirre —el predio en donde un grupo de familiares buscadores halló cientos de objetos de personas desaparecidas, así como al menos tres crematorios—, las autoridades de Jalisco cometieron una serie de omisiones.
El fiscal abundó que el predio, el cual fue cateado por autoridades de Jalisco y la Guardia Nacional en septiembre de 2024, sí se hallaron restos humanos, mismos que se tienen que analizar.
Sobre la mala ejecución de las diligencias pasadas, Gertz Manero detalló que no se realizaron rastreos de indicios o huellas de los hechos, tampoco se cumplió con el debido registro e identificación de lo hallado ni se procesaron correctamente los vehículos encontrados entonces en el predio de Teuchitlán.
«No se le dio seguimiento cabal a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron, eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio y por ello dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse», abundó.
El funcionario federal acusó que los fiscales locales de Jalisco carecen de un dictamen de los restos encontrados.
«Seis meses después, los servicios periciales el estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados, así como tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que en forma directa vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias, que debieron haber estado sometidas a temperaturas entre 800 y 1.200 grados», agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en la víspera una serie de iniciativas de reformas y otras medidas para construir la paz y combatir la impunidad ante las desapariciones de personas, comenzando con un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sheinbaum anunció que el próximo 20 de marzo enviará varias iniciativas de reforma al Congreso, que incluyen una para consolidar el Certificado Único de Registro de Población como fuente única de identidad que facilite la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas.
Las acciones que serán ejecutadas fueron presentadas en medio de protestas por el caso del rancho jalisciense, que fue cateado en septiembre pasado sin continuar las pesquisas.
En ese lugar, familiares de personas desaparecidas hallaron a principios de marzo restos humanos, pertenencias, además de que obtuvieron testimonios de personas que fueron presuntamente secuestradas y víctimas de tratos crueles. Sputnik
