La víspera, se multiplicaron las denuncias penales contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el feroz operativo, catalogado como el más brutal y violento de los actos represivos registrados en Argentina desde 2001.
La brutal represión a la marcha de los jubilados con apoyo de hinchas de fútbol de distintos clubes, efectuada el pasado miércoles, dejó un saldo de 672 heridos y 114 personas detenidas que fueron liberadas varias horas después del arresto y siguen imputadas, tal como lo recoge un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
De acuerdo con la CPM, el operativo contó con más de mil agentes, que realizaron «miles de disparos con postas de goma”, “arrojaron centenas de granadas de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta» y emplearon al menos 4 camiones hidrantes con los que “rociaron de agua a cientos de personas”.
Entre los 672 heridos como consecuencia de «la (represión policial) más brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001», el texto destaca los casos de Pablo Grillo, joven fotógrafo con impacto de una granada de gas en la cabeza que aún continúa en estado crítico; de Beatriz Blanco, jubilada de 81 años atendida de urgencia por un golpe de un agente policial; y una niña de 14 años con quemaduras por los gases lacrimógenos.
En cuanto a los arrestos, la CPM indica que la inmensa mayoría de las aprehensiones tuvieron un carácter arbitraria y estuvieron cargadas de ilegalidades, como lo refieren los testimonios de los retenidos y de quienes investigan la violencia de las autoridades policiales. En tanto, los agentes hicieron uso de armas letales, habilitadas por la titular de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por su parte, las cámaras de la televisora argentina C5N registraron a un policía que dejó caer un arma de fuego en medio de la Plaza de los Dos Congresos durante la manifestación. Asimismo, manifestantes grabaron cómo dejaron un automóvil de la Policía Federal en medio de la calle con las puertas abiertas para que fuera vandalizado. Ambas acciones partieron de un intento de generar disturbios para culpar a los manifestantes por hechos violentos.
Mientras se multiplican las denuncias penales contra Bullrich, por el feroz operativo, desde la Organización de Naciones Unidas (ONU) por los Derechos Humanos solicitaron a las autoridades argentinas una investigación sobre los hechos ocurridos este 12 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que expresaron su preocupación por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo.
«Según información recibida por la Oficina, participantes de la manifestación se vieron expuestos a un uso indiscriminado de la fuerza por parte de la autoridad. Muchas manifestantes eran personas de edad avanzada que exigían pacíficamente derechos sociales en materias de jubilación y salud», reza el texto.
Hasta el momento, el Gobierno justifica su respuesta represiva a la manifestación pacífica diciendo que se trataba de un supuesto intento golpe de Estado. Este hecho se suman a la sistemática represión del Gobierno de Milei, que tiende a criminalizar las protestas sociales y el reclamo de la ciudadanía ante sus políticas neoliberales en detrimento de los derechos humanos más básicos. Telesur
