*En México Existe la Posibilidad Jurídica
Para Procesarlos por sus Delitos
*Juzgarlos en sus Países, es lo Correcto;
Extraditarlos Muestra Incapacidad
*Absurdo que EU Juzgue a los Políticos
Mexicanos; Sería Acto Extrafrontera
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POR EZEQUIEL GAYTÁN
La idea de juzgar a los expresidentes o reyes la encontramos en la historia. Citaré dos casos de monarcas; el primero fue Carlos I de Inglaterra quien fue decapitado el 30 de enero de 1649 debido a sus actitudes absolutistas y confrontarse con el Parlamento. El segundo es Luis XVI de Francia quien también fue condenado a muerte por déspota el 21 de enero de 1793. Sendos casos fueron por razones evidentemente políticas, por sus desplantes contrarios a la voluntad popular y, consecuentemente, tildados de traidores a sus respectivas patrias. Por lo que respecta a la era contemporánea recordaré el caso del dictador rumano Nicolae Ceausescu, quien fue fusilado en diciembre de 1989 por sus actitudes dictatoriales y matanzas a población civil inocente. También viene a mi memoria el caso de Sadam Husein de Irak, quien fue condenado a morir ahorcado en 2006. Pero ninguno fue extraditado o secuestrado a fin de que lo juzgara y, en su caso, condenara un tribunal extranjero.
Son muchas las razones por las cuales procede juzgar a quienes abusan del poder y someten a sus respectivos pueblos a sufrimiento. De ahí que tipificar de traición a la patria a un presidente es un trabajo arduo. En México existe la posibilidad jurídica de hacerlo y bien sabemos que desde que Maximiliano, Mejía y Miramón fueron juzgados y fusilados en el cerro de las campanas en Querétaro en 1867, no se registran casos de juicio a expresidentes y emperadores.
Juzgar y, en su caso, condenar a un expresidente por traición a la patria debe hacerse por tribunales del mismo país, pues es un asunto de soberanía popular. Por supuesto que también pueden ser juzgados por violar leyes del fuero común como podría ser el caso de asesinato o coludirse con el crimen organizado. Sin embargo, me parece imposible deslindar la figura política del individuo del presunto delito. En otras palabras, todo tribunal sería parcial, pues las figuras de presunto delincuente y de servidor público electo popularmente se yuxtapondrían y acabarían fusionándose. Lo cual significa que antes que un acto de justicia lo que se desea es un juicio político de venganza.
Por lo anterior, me parece absurdo que surjan voces que pretenden que en los Estados Unidos se juzgue a políticos mexicanos bajo el supuesto de narco-políticos. La nación norteamericana no puede erigirse en juzgadora de políticos allende sus fronteras. De hecho, en 1989 los norteamericanos invadieron Panamá y apresaron al exdictador Manuel Antonio Noriega y en 1992 lo sentenciaron bajo el delito de narcotraficante, pero no por su mal gobierno.
He escuchado voces mexicanas que desean, por ejemplo, que se juzgue al hombre de Tabasco por narco político. Pero no, no es lo mismo ser un mediocre gobernante que un delincuente. En otras palabras, si lo que desea la administración Trump es juzgar a políticos mexicanos por vínculos con el crimen organizado de antemano está cargando los dados, pues sus tribunales, sin lugar a duda, los encontrarán culpables. Consecuentemente no habría imparcialidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum decidió intercambiar con el gobierno norteamericano delincuentes por aranceles. Parece un buen acuerdo momentáneo. En la Unión Americana serán juzgados esos 29 personajes y otros más. Pero no son figuras políticas, ni ocuparon cargos de elección popular. Ahora surge la duda si el gobierno de Donald Trump solicitará más presuntos delincuentes o exigirá con sus malos modales a personajes de nuestra clase política. De ser el caso, el problema se agudizará, pues -como ya expliqué líneas arriba – sería aceptar que en el vecino país del norte tiene facultades de juzgar política y jurídicamente a mexicanos.
Es ingenuo pensar que los fiscales yankees están deslindados de los asuntos tensos de la relación entre ese país y nuestra patria. Todo está revuelto y las consecuencias serían una mayor fragmentación de las relaciones bilaterales y algo peor, se atomizaría aún más la sociedad mexicana. Léase, el expresidente López Obrador nos dividió y la presidenta Sheinbaum no hace mucho por reestablecer el tejido social. Muy posiblemente es verdad que algunos servidores públicos mexicanos, en funciones o no, estén vinculadas con el narco. Lo cual significa que deben ser juzgadas en México. Si el gobierno de los EUA insiste en juzgar políticos mexicanos y la gestión mexicana es la que los entregue nuestra nación perderá mucho. Si la administración Trump los secuestra también se agudizaría el problema.
Narcos por aranceles es un buen acuerdo, así como el fortalecimiento en contra de los productores y distribuidores de drogas. Ojalá sendas naciones maniobren dentro de eso márgenes y que no los extralimiten, pues de ser el caso México tiene mucho más que perder. Y que quede claro, no defiendo a alguien en especial. Más aún, considero que muchos políticos y expolíticos deben ser juzgados por corrupción, pero que sean juzgados en México.
