A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
El empleo de fuerzas militares de Estados Unidos en México indudablemente causa escozor, así sea presuntamente para preparar mejor las fuerzas armadas mexicanas.
Tras la aprobación por parte del Senado de la República el 10 de diciembre de 2024 del ingreso de tropa estadounidense al país en momentos tan delicados como los actuales, llegó un grupo el 27 de enero pasado y otro arribará el 27 de marzo próximo.
En la Cámara Alta los investigadores del Instituto Belisario Domínguez buscaron las reacciones de los mexicanos sobre el asunto y encontraron varias encuestas al respecto que dieron a conocer.
La explicación al respecto es con indicadores de opinión pública “…sobre la posibilidad de que Estados Unidos tenga una participación más directa en territorio mexicano para combatir al crimen organizado”.
Las Comisiones de interés en el tema fueron: Asuntos de la Frontera Norte, de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América del Norte.
En un resumen al respecto precisan que el presidente Donald Trump, ha señalado que podría desplegar fuerzas de seguridad en territorio mexicano para combatir el crimen organizado y reducir el tráfico de drogas hacia su país.
Explican los estudiosos que diversos estudios de opinión pública en México coinciden en que seis de cada 10 personas encuestadas rechazan que fuerzas de seguridad estadounidenses entren a territorio mexicano para combatir al crimen organizado.
“Por el contrario, el grupo sociodemográfico que se muestra de acuerdo con la medida incluye a mujeres y grupos etarios entre 18 y 24 años, 35 y 44 años, así como de 65 años o más”, especifican.
Hacen notar que “no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la afinidad partidista que influya en esta postura”.
Y especifican sobre la intervención policial y militar de Estados Unidos en México, que “…se percibe como el tercer riesgo en la relación bilateral (18%), después de la deportación masiva de migrantes (48%) y el bloqueo comercial (35%)”.
También precisan:
“Aun así, la preocupación es lo suficientemente relevante para que en enero del presente año se haya ampliado la brecha entre quienes consideran que el gobierno mexicano debe defender la soberanía nacional y rechazar cualquier injerencia de Estados Unidos en el combate al crimen organizado (74%) y quienes opinan que sí se debe reforzar la colaboración con ese país (24%)”.
EL COSTO HUMANO
DE LA MIGRACIÓN
Por otra parte, exponen en el Senado los investigadores que de acuerdo con El Colegio de la Frontera Norte (El Colef, 2025b, p. 3), hay al menos seis grupos de mexicanos susceptibles de deportación, los cuales se enuncian a continuación de mayor a menor riesgo, junto con su estimación numérica:
- Migrantes no autorizados con orden final de deportación. En este grupo hay 265 mil 524 mexicanos, de los cuales 5 mil 89 están detenidos.
- Migrantes no autorizados con cargos por delitos. Hay 27 6 mil 290 mexicanos en este grupo, de los cuales 6 mil 252 están en custodia y el resto aún no está detenido.
- Migrantes no autorizados que entraron a Estados Unidos en los últimos cuatro años. Hay 619 mil 852 mexicanos en este grupo.
- Migrantes no autorizados que no son padres de hijos ciudadanos americanos menores de 18 años, y que no son beneficiarios DACA (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Hay un millón 933 mil 208 mexicanos en este grupo.
- Migrantes no autorizados que tienen hijos ciudadanos americanos menores de 18 años. Hay un millón 395 mil 220 mexicanos en este grupo, de los cuales 52% son mujeres.
- Beneficiarios DACA (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Hay 436 mil 300 inscritos y activos DACA, quienes son fácilmente localizables porque el gobierno americano cuenta con sus datos.
Asimismo, se precisa, además que Migration Policy Institute (2025), identifica los siguientes grupos de personas que podrían ser deportados: 1. Migrantes que cruzaron la frontera sin autorización, o con visa, que se quedaron más tiempo del permitido. 2. Los inmigrantes con una visa temporal que han violado los términos de su visa, por. ejemplo, conseguir un trabajo con una visa que no permite trabajar. 3. Residentes permanentes legales o titulares de visas temporales que han sido condenados por una amplia gama de delitos, como conducir bajo la influencia del alcohol, posesión de armas de fuego o drogas, robo o un delito violento, entre otros.
Y también advierte que el trabajo de investigación del Colef expone que en Estados Unidos residen 13.5 millones de personas no autorizadas, de las cuales, 36.4% son mexicanos, lo que los convierte en el grupo más numeroso y el que podría verse más afectado por la política migratoria de deportación.
De un total de 13,534,985, los porcentajes son: México 4,926,393 (36.4%); Centroamérica 2,416,042 (17.9%); Asia 2,290,895 (16.9%) Sudamérica 1,584,008 (11.7%) Caribe 1,051,219 (7.8%) África 548,157 (4.0%) Europa 488,706 (3.6%) Otros 229,565 (1.7%).
En el estudio se precisa:
“Un costo social de las deportaciones será la separación de familias, lo cual tendría un impacto diferenciado y desproporcionado en grupos en situación de vulnerabilidad. El Colef estima, con datos de la Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement (ASEC) 2024, que 3.4 millones de hogares estarían en riesgo de que alguno de sus integrantes sea deportado, de los cuales, en 1.7 millones de hogares⁴ hay menores de 18 años de origen mexicano y, de estos, en 1.2 millones de hogares habitan niñas, niños o adolescentes menores de 13 años (El Colef, 2025a)”.
Para finalizar está la advertencia:
“Diversos organismos especializados en la política estadounidense advierten que las deportaciones masivas tendrán un costo humano que afectará desproporcionadamente a grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores, tanto por el estrés emocional de separar a las familias, como por las dificultades económicas que podría causar para muchas familias de estatus mixto que podrían perder a su sustentador(a), lo que pondría en peligro su bienestar económico (AIC, 2025). Por ello, la política migratoria de Estados Unidos se ha convertido en un tema prioritario de la agenda política, económica y social de México”.
