El matrimonio Ortega que gobierna Nicaragua ha desmantelado los últimos controles que existían sobre su poder, ejecutando sistemáticamente una estrategia autoritaria, mediante la comisión de graves violaciones de derechos humanos, advirtieron expertos de la ONU en un nuevo informe. Los expertos instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para abordar estas violaciones.
Los Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó que el régimen del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población —tanto dentro como fuera de Nicaragua— enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas.
“Desde 2018, Ortega y Murillo han afianzado progresivamente su control total”, señaló Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos.
“En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua. Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a la población e identifica objetivos para la persecución, proveyendo “los ojos y oídos” que permiten obtener y mantener control total sobre las personas.
El informe señala que una reforma constitucional de gran alcance, que entró en vigor el 18 de febrero, representó un golpe final al Estado de derecho. Dicha reforma eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, creando un poder ejecutivo con dominio absoluto. Esta reforma redujo efectivamente los poderes judicial, legislativo y electoral a meros “órganos” a ser “coordinados” por la presidencia.
Basado en testimonios de varios testigos, el informe detalla cómo Ortega y Murillo controlan un vasto aparato de actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que operan en conjunto para violar derechos y silenciar a la oposición. Los diagramas funcionales en anexo del informe ilustran una clara cadena de mando de arriba hacia abajo.
Por primera vez, los expertos también lograron concluir que el ejército nicaragüense, a pesar de sus negativas, participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las masivas protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
