La flexibilidad del marco constitucional mexicano ha permitido responder a nuevas realidades y adaptarse a los cambios sociales, políticos y jurídicos sin perder la estabilidad institucional, afirmó el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien agregó que la naturaleza dinámica de nuestra Constitución es a su vez reflejo de la evolución democrática del país.
En ese sentido, sostuvo que el TEPJF ha sido clave para asegurar la continuidad, legalidad y certeza del proceso electoral judicial 2025, ya que, a través de sus sentencias, se han establecido criterios esenciales para aplicar y hacer efectivas las normas de esta elección.
Aseguró que la reforma en materia judicial no es una ruptura con el pasado, sino una evolución del sistema de justicia que busca consolidar la legitimidad democrática de quienes imparten justicia. Expresó que la certeza jurídica del proceso electoral en curso no radica en la inmovilidad de las normas, sino en la solidez de los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho.
Al inaugurar el 10º Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2025, organizado por la Sala Regional Toluca (SRT) del TEPJF, Fuentes Barrera señaló que a lo largo de su historia México ha demostrado que la reforma constitucional es un mecanismo legítimo para perfeccionar las instituciones, fortalecer los derechos de la ciudadanía y garantizar que el orden público se mantenga vigente frente a las transformaciones sociales.
Ante autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales de Colima, Estado de México, Michoacán y Querétaro de la V circunscripción, refirió que las sentencias del TEPJF garantizan la estabilidad institucional del país y fortalecen el Estado de derecho porque se fundamentan en la Constitución. Es un tribunal que siempre ha sido, es y será respetuoso del mandato legislativo y particularmente del que emana del poder reformador de la Constitución, expuso.
Al dictar una conferencia magistral en el encuentro de autoridades locales, el magistrado de la Sala Superior dijo que la actual elección de personas juzgadoras es inédita, de grandes dimensiones y con importantes aprendizajes que el legislador podría tomar en cuenta para futuras reformas que permitan garantizar el derecho de los ciudadanos al voto, así como fortalecer el sistema democrático y de impartición de justicia.
Destacó la labor que tendrán las autoridades administrativas y jurisdiccionales locales, y no solo la Sala Superior, al garantizar el desarrollo y la certeza de la elección judicial conforme a las normas específicas aprobadas para cada entidad federativa y con respeto a los principios constitucionales.
Precisó que desde la jurisdicción federal se pondrá atención a los retos que cada estado enfrentará en la implementación de este modelo de elecciones y se garantizará no solo el cumplimiento de los principios constitucionales en la designación de jueces y magistrados, sino también la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El magistrado presidente de la SRT, Alejandro David Avante Juárez, señaló que hoy más que nunca se debe reconocer que el verdadero desafío no solo radica en la organización de elecciones, sino en la construcción y consolidación de un sistema electoral que sea inclusivo, justo y transparente para todas y todos.
En el marco de la próxima elección judicial subrayó que, más allá de la cuestión que implica el método de la misma, lo cierto es que es responsabilidad y obligación de las autoridades electorales asegurarse de que funcionen estos mecanismos para que la ciudadanía pueda transmitir su decisión el próximo 1 de junio.
Enfatizó que cada decisión y cada acción que emprende el Tribunal Electoral tiene un impacto directo sobre la vida política, económica y social del país, por lo que una vez más es momento de dar el ejemplo y mostrarse a la ciudadanía como un frente común que tiene la única vocación de proteger su decisión expresada en las urnas.
