*Ejecutivo Subordina a los Otros dos Poderes y,
Somete al Federalismo y Asfixia la Idea Municipio Libre
*Los Mexicanos Estamos por ver el Inicio de un
Proceso Electoral que no nos Hará más Democráticos
*Reforma Judicial Enmascarada de Democrática que
Levanta Sospechas de Partidización Política
POR EZEQUIEL GAYTÁN
Las diferencias entre una democracia y un proceso electoral son tangibles. Una democracia es, grosso modo, una forma de vida que se sustenta en la mejora constante de la calidad de vida de los habitantes de una nación al aplicar cotidianamente principios tales como responsabilidad ciudadana, consciencia política, tolerancia, inclusión, libertades, oportunidades de movilidad social y acceso a la información. Es la posibilidad de cambiar de gobernantes mediante reglas de operación equitativas y sin violencia. Lo cual exige que la sociedad se comporte democráticamente, a fin de que se desarrolle en un marco de civismo y tenga la posibilidad de escoger una de entre varias opciones de partidos políticos. Consecuentemente, en una democracia se realizan procesos electorales formales, legales y con reglas de operación precisas, claras y transparentes.
Por su parte, los procesos electorales son actos de sufragio verbales o escritos que se efectúan en el seno de organizaciones formales e informales. Lo cual significa que se trata de votaciones a fin de consultar a los miembros de esas agrupaciones acerca de un determinado asunto. Ejemplos abundan. Por un lado, encontramos que dichos procesos se establecen en organizaciones formales como los sindicatos con el propósito de que los trabajadores elijan a sus líderes. Por el otro, tenemos procesos electivos semiformales; así encontramos que al inicio de un ciclo escolar los alumnos de cada salón eligen a su jefe de grupo, pero eso no significa que sea un estudiantado o una escuela democráticos. Lo mismo ocurre en las organizaciones llamémoslas informales. Veamos, en el seno de alguna familia sus miembros votan por ver una determinada película. Pero dicha votación no representa que sea una familia democrática. Más aún, es posible encontrar instituciones jerarquizadas y con leyes precisas como la iglesia de Roma que tiene un proceso electoral formal a fin de elegir al Papa, pero nadie afirmaría que esa institución es democrática. En pocas palabras, le democracia y los procesos electorales coinciden en el sufragio y se diferencian en los procesos electorales y sus consecuencias.
PARTIDIZACIÓN
MONOCROMÁTICA
En México, la ciudadanía elegirá en junio a jueces, magistrados y ministros del poder judicial. Lo cual de ninguna manera representa que se democratiza más nuestra nación; simplemente se realizará un proceso electoral que fortalecerá aún más al régimen de Morena. En otras palabras, lo que se avizora es la partidización monocromática del poder judicial mediante un desaseado y burdo juego de la tómbola, repleto de arbitrariedades y el regreso al presidencialismo totalizante en el cual el poder Ejecutivo subordina a los otros dos poderes y, de paso, somete al federalismo y asfixia la idea revolucionaria del municipio libre
No caigamos en la finta de que somos una de las naciones más democráticas del mundo porque realizamos procesos electorales francamente sucios y más o menos organizados en los tres poderes. Pondré un ejemplo absurdo a fin de hacer ver que no todo proceso electoral es democrático y mucho menos constructivo. Imaginemos que un grupo de estudiantes le dice al maestro que no aplique exámenes y que al final del ciclo escolar califique con diez todos y cada uno de los estudiantes porque ellos votaron democráticamente esa resolución. Nadie con un poco de neuronas aprueba o defiende la conclusión a la que llegó el grupo de estudiantes en el nombre de la democracia. Efectivamente, fue un proceso electoral, pero no en el contexto de las reglas de una democracia y mucho menos en la configuración de una mejor calidad de vida.
Los mexicanos estamos por ver el inicio de un proceso electoral que no nos hará más democráticos, ni será condición a fin de mejorar la impartición de justicia. Tampoco será necesariamente más expedita y no evitará que potencialmente se den casos de corrupción en el poder judicial. Escoger entre una opción A o una B o una C respecto al perfil de un potencial juez no es posible debido a que ninguno nos ofrecerá diferencias significativas en el proceso de impartición de la justicia. Léase, los discursos de las partes serán los mismos y por ende sus propuestas serán idénticas: aplicar la ley.
La gestión de Andrés Manuel López Obrador modificó el artículo 35 constitucional en materia de consultas populares. Pero fueron alteraciones a fin de fortalecer la hegemonía de su partido y de ensanchar su visión unidimensional de democracia salpicada de asambleísmo populista que decide a mano alzada. Algo común en él y en su espíritu autoritario, pues fue una reforma inconclusa y tendenciosa. Consecuentemente en su confusión de democracia y procesos electorales creó intencionalmente lagunas jurídicas y, mediante la imposición de subordinados en las instituciones electorales, nos aplicó el carro completo o mayoriteo en el Congreso de la Unión. Las consecuencias son, entre otras, que el gobierno de Claudia Sheinbaum yuxtapone ambas figuras y discursivamente con clara tendencia demagógica nos vende la idea de México es una de las naciones más democráticas del mundo. Lo peor es que, efectivamente, mucha gente ya se la compró.
Las leyes electorales de nuestro país fomentan el derecho al voto. Incluso tenemos mecanismos formales a fin de que los mexicanos podamos sufragar en el extranjero; porque allá trabajan o porque están en tránsito, ya sea por vacaciones o negocios o motivos de estudio. De ahí que nuestras embajadas y consulados abren sus puertas al proceso electoral, pero dentro del marco democrático. Aquí cabe hacer notar que dicho sufragio es exclusivamente para los poderes ejecutivos de los órdenes federal y estatales, pues el espíritu de la ley es que decidamos por la persona que ejecuta las leyes, pero no por aquellas que las legislan, ni para quienes imparten justicia. En otras palabras, la elección de jueces será un asunto que excluye a los mexicanos en el extranjero. Un tema a todas luces debatible, como toda la reforma electoral a ese poder.
UNA REFORMA CON
MÁSCARA DEMOCRÁTICA
Con lo anterior queda claro que es una reforma enmascarada de democrática, pues levanta sospechas de partidización política, que mengua la relación de confianza entre las instituciones y la sociedad, que no garantiza el respeto a los cuatro principios del espíritu de la justicia. Léase, imparcialidad, independencia, objetividad y profesionalismo. Emblemas que singularizan a ese poder. Es decir, otro golpe técnico de Estado de Morena a las instituciones de la República.
La perspectiva personal de hacer justicia por mano propia es anacrónica. Afortunadamente desde el siglo V antes de nuestra era, Platón precisó la idea de ser justos incluso con los injustos. Desde entonces la sociedad cimentó cuatro tipos de justicia (distributiva, procesal, retributiva y restaurativa). Más aún, dicha tesis se fortaleció con la teoría del barón de Montesquieu acerca de la división de poderes, pues concentrar demasiado poder en una sola persona acaba por desencadenar el autoritarismo. De ahí que la independencia del poder judicial se basa, entre otras virtudes, en jueces competentes, actualizados y con conocimientos acerca de las leyes que protegen a las personas de los caprichos de los gobernantes y de la criminalidad.
Sin embargo, Morena insiste en tergiversar y confundir democracia con procesos electorales, así como en yuxtaponer impartición de justicia con venganza. Es cierto que son temas de estudio concurrentes y también es verdad que hay elementos divergentes. Me preocupa porque la confusión puede ensancharse y mañana regresemos a la ley del Talión porque así lo decidió un grupo social y argumente, escudado en un pendón color guinda, que se hizo justicia democrática.
