La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados los proyectos de decreto por los que se expiden la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, las cuales serán prioridad para la bancada de Morena en lo que resta del mes.
Según los documentos, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como objetivo producir información en tiempo real para permitir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) interpretar la información y generar productos de inteligencia como mapas, radiografías y organigramas de bandas y organizaciones criminales, así como de incidencia delictiva, por localidades, municipios, entidades federativas, regiones, zonas prioritarias, de interés estratégico y transnacionales, para la toma oportuna de decisiones encaminadas a anticipar la actividad criminal y aportar elementos de prueba en las investigaciones correspondientes.
Los fines del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia son interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como de entes privados, para fines de investigación de los delitos; integrar los medios, recursos de información y bases de datos que resulten pertinentes en materia de seguridad pública de los que dispongan entes públicos; y aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia en el combate del fenómeno delictivo.
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Se establece que el Sistema estará interconectado con el Sistema Nacional de Información y la Plataforma México, así como cualquier otro sistema, registro, plataforma, banco, recurso de información y base de datos, de lo entes públicos y privados que, a consideración de la Secretaría, puedan contribuir a los fines de la ley y estipula que la información que se genere y recopile, que no resulte trascendente ni útil para las investigación deberá ser destruida.
La ley establece que corresponde al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las dependencias e instituciones del Estado, así como, en su caso, a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública contenida en: registros vehiculares y de placas, datos biométricos, datos telefónicos, registros públicos inmobiliarios y de personas morales y catastros, registros fiscales, registros telefónicos, registros de armas de fuego, registros de comercio, registros de inmuebles, registros de prestadores de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenida y sentenciadas, y en todos aquellos casos donde pueda extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones.
En tanto, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública que estará integrado por la presidencia de la República, que lo presidirá: las secretarias de Seguridad, Gobernación, Defensa Nacional, Marina; la Fiscalía General de la República; los gobernadores; la presidencia de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; y el Secretariado Ejecutivo.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública tendrá las funciones de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública y promover la homologación y desarrollo de los modelos policial, ministerial, pericial y penitenciario en las instituciones de Seguridad Pública y pronunciarse sobre sus avances.
