Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Sin descalificaciones para nadie, la decisión asumida ayer por 6 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sienta un precedente para el futuro que, quiérase o no, todavía es incierto y nadie entiende la razón para que, desde el Senado de la República, el que cobra como presidente de la Mesa Directiva, se mofe de las acciones que habría de tomar el todavía existente “viejo y corrupto Poder Judicial de la Federación”. Aunque hay que decirlo: acción que podría ser la última llamada.
La sentencia proclamada, regresa en gran parte la legalidad. Porque esa es la administración de justicia. Comprender que la Constitución, con todo y las reformas que ha sufrido en el pasado y en el presente, resiste y apoya la legalidad.
Al rechazar la solicitud de que 4 ministros se excusaran en todo lo relacionado con la reforma judicial, tiene sentido si, en tanto se trastocara lo que ya es constitucional. Los ministros hacen valer los amparos concedidos a particulares y organizaciones y remiten a los jueces que los firmaron revisar el fondo y corregir, en caso de ser necesario, sus decisiones.
Conforme a la Constitución, el Poder Judicial es uno de los tres de la República. Es el garante de la constitucionalidad y del estado de derecho. Por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no existe otro tribunal. Por ello, con la aprobación tomada ayer, es de esperarse que el aparente choque entre ministros y magistrados, desaparezca sin que haya daño para ninguno de los actores participantes.
La lógica es una ciencia que, sin ser exacta, tiene sustento en el razonamiento y más en tratándose de asuntos jurídicos. Se advertía politización en la solicitud de excusarse y pareció, por lo menos en principio, que se cantaba la desaparición del ente jurídico sin que fuera hecho consumado.
Será a partir de junio que las piezas del ajedrez colocado en las mesas del MÁXIMO TRIBUNAL DE MÉXICO, cambien de jugadores. Y en octubre habrá “NUEVA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, nuevos jueces y nuevos magistrados. No antes.
Hasta entonces, la estructura actual se sostiene, porque lo mandata la Constitución.
La postura asumida por el presidente de la Mesa Directiva del Senado no deja de ser una pieza compuesta por balandronadas y abuso de “poder” que no tiene. Corrompió el proceso de selección de candidatos a juzgadores y elevó el tono de un ejercicio legislativo que no corresponde. Salir en las fotos, tener a sus órdenes el área de comunicación social solamente para elogiar sus acciones, palabras, conferencias de prensa y entrevistas, no lo hace un político analítico sino bravucón.
Es de esperarse que los arranques de desprecio para los ministros que no comulgaron con la reforma judicial, tomen el cauce de las acusaciones y hasta la propuesta de llevarlos a juicio político, mientras Morena, sus coordinadores parlamentarios, su dirigencia partidista y hasta la presidenta de México defienden a Cuauhtémoc Blanco y Rubén Rocha Moya e impiden, en el caso del exfutbolista, que la Comisión de Examen avance para determinar si procede o no el desafuero del morelense por adopción.
Lo sano en estos momentos es que los conflictos no escalen. El horno no está para bollos ni tamales de chipilín.
Los ministros que echaron abajo la solicitud del Tribunal Electoral, se la jugaron para defender la legalidad. Si eso es violar la ley, que se les castigue.
Ahora ¿quién será el intérprete de la literalidad constitucional?
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