El Senado avaló en lo general y particular sin cambios la reforma a la Ley del Infonavit que le otorga facultades para construir viviendas y establecer esquemas de arrendamiento accesibles para los trabajadores, con la cual la dirección del organismo a cargo de Octavio Romero Oropeza, podrá disponer, a través de su constructora afiliada -órgano desconcentrado- de los recursos de los trabajadores y patrones para construir vivienda social. Para la discusión en lo particular no fue aceptada ninguna de las modificaciones propuestas por la oposición.
Tras cuatro horas y media de discusión en lo general, la reforma fue avalada con 71 votos senadores de Morena, PT y Verde, y 36 en contra de la oposición, además de la abstención del morenista Ricardo Sheffield y la emecista Amalia García.
Como parte de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, se redefine la gestión y atribuciones del instituto, y dispone que los trabajadores podrán participar en programas de arrendamiento social y compra tras un año de cotización continua.
Igualmente, recibir información detallada sobre las condiciones jurídicas y financieras de los créditos antes de contratarlos, así como acceder a prórrogas en el pago de capital e intereses ordinarios en caso de pérdida de ingresos salariales, sin generar intereses adicionales.
La reforma contempla la creación de una empresa filial para la construcción de vivienda, que no será considerada como paraestatal y tendrá plena capacidad de gestión para el desempeño de sus funciones, con la justificación de que se pone en riesgo la subcuenta y los ahorros de los trabajadores.
Al presentar la moción suspensiva, misma que rechazaron Morena y aliados, la senadora panista, Michel González, acusó que esta reforma busca expropiar el dinero de los trabajadores.
“Estamos ante el robo del siglo. Nos dicen que esta reforma, la ley del Infonavit, busca garantizar vivienda a bajo costo, pero lo que realmente están haciendo es expropiar sin llamarlo expropiación 2.1 billones de pesos de las y los trabajadores para financiar una empresa sin control, sin fiscalización y sin rendición de cuentas, una constructora creada para manejar el dinero de las y los trabajadores en la total penumbra”.
Al manifestar el voto en contra de la bancada del PRI, la senadora Mely Romero, propuso dos cambios al dictamen para evitar repetir los errores del pasado.
En la ronda de posicionamientos de las bancadas, la senadora panista Gina Campuzano acusó que 77 millones de familias se verán afectadas con el uso de 2 billones de pesos de las subcuentas de vivienda que utilizaría el gobierno federal para crear una empresa constructora.
