Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Después de la celebración presidencial y de la “ministra del Pueblo” y los magistrados que “la siguen desinteresadamente” por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial al Comité de Evaluación del Poder Judicial, para que reanude el trabajo correspondiente y poder presentar a los aspirantes a los cargos de jueces, magistrados y ministros, el CEPJ solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclarar que sentencia se acata: la del Poder Judicial, a través de jueces de distrito que ordenaron con antelación suspender el procedimiento o al TEPJF que mandata continuarlo.
Durante 24 horas la incertidumbre se apoderó de los juristas. No se sabía si la Corte admitiría la petición y, por tanto, las celebraciones por la decisión de los magistrados del TEPJF, se dieron y en grande.
Sin embargo, en la sesión de ayer, se decidió que la Corte aceptara la petición y se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que presente ante el Pleno de la Corte un proyecto de resolución, de acuerdo con el expediente 1/2025 y al que tendrá que añadir otros dos expedientes que versan sobre el mismo tema.
Constitucionalistas, juristas expertos en temas electorales, de responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y empapados en los procesos de la administración de justicia, se dividieron opiniones y será el Pleno de la Corte el que decida finalmente.
Se ignora si el proyecto que presentará el ministro Gutiérrez Ortiz Mena será favorable o no para el peticionario.
Sin embargo, sea cual fuere la sentencia, será decisiva para salvaguardar la calidad de los aspirantes a jueces y magistrados que deberá presentar el Poder Judicial. Si se acatan las órdenes de jueces de distrito, la suspensión obligará a dos posibilidades: a.- que no se presente la lista de aspirantes y, b.- que la absorba el Senado de la República, cuya actuación para cribar las listas originales fue un fracaso.
La lógica diría que una orden de juez federal es solamente atacable recurriendo a la Corte para que ratifique o rechace el amparo concedido. Los poderes Ejecutivo Y Legislativo, al igual que el INE, ignoraron los amparos concedidos y siguieron con los procedimientos. A los consejeros del Instituto Federal Electoral se aplicó una multa de 54 mil pesos a cada uno por desacato.
La Constitución prevé dos acciones para quienes desacaten una orden judicial: sancionar al o los funcionarios con multas económicas, removerlos del cargo que desempeñan o bien iniciarles proceso penal.
Recordar el desafuero del que fuera jefe de gobierno de 2000 a 2006, no es ocioso. Por no acatar el amparo concedido a un particular por la toma ilegal de cientos de metros de un predio ubicado en Santa Fe, el juzgador obtuvo el juicio político -si usted quiere, los diputados de la subcomisión de examen pudieron haber sido presionados por el entonces presidente Vicente Fox- que pudo haber llevado a prisión a Andrés Manuel López, pero el inquilino de Los Pinos se conformó con el desafuero.
Hoy el tema cobra sobrada relevancia porque los amparos fueron concedidos antes de que la reforma al Poder Judicial de la Federación fuera aprobada. La práctica jurídica establece, porque así lo marca la Carta Magna, que las reformas a las leyes no pueden tener efecto retroactivo si es en perjuicio de la sociedad. Si le beneficia, podría actuarse de manera invertida.
Aunque no se fijo fecha para la presentación del proyecto, se presumiría que tendrá que elaborarse con la prisa necesaria para no entorpecer el procedimiento que sepultará al actual Poder Judicial de la Federación para dar vida el “inédito” conformado por jueces, magistrados y ministros “electos por el pueblo, lo que lo hará democrático”, de acuerdo con la observación de la presidenta Sheinbaum
Deberá de entenderse que si la sentencia de la Corte ratifica los criterios de los jueces federales que otorgaron las suspensiones definitivas, las acusaciones de “corrupción se multiplicarán desde la mismísima presidencia de la República en las voces de los lacayos legisladores además del trío de ministras, ya conocidas como las “representantes del pueblo” y que cada cual quiere ser la cabeza del ratón verde que se engendrará.
Por lo pronto no está por demás recordar la expresión de Yogui Berra: esto no se acaba, hasta que se acaba.
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