Catorce presuntos miembros del Grupo Armado Organizado (GAO), estructura 33 del Bloque Magdalena de las disidencias las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se entregaron al Ejército de Colombia en el Catatumbo, Norte de Santander, según informó la Presidencia del país latinoamericano.
Esto ocurre luego de que el Gobierno hizo un llamado a la desmovilización de estos grupos.
En un comunicado, la vocería del Ejecutivo detalló que un adolescente y 14 adultos, militantes del grupo armado conocido como estructura 33, se entregaron a las tropas del Ejército que, durante una semana, han cumplido con su obligación de defender a la población civil en la zona.
Lo anterior ocurrió en los municipios de El Tarra y Tibú, en medio de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Horas antes, el Gobierno hizo un llamado a la desmovilización de dichos grupos.
De acuerdo con la Presidencia, las personas que se entregaron tenían en su poder «abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones».
«El material entregado fue puesto a disposición de las autoridades competentes», se lee en el documento.
En tanto, el adolescente fue entregado a las autoridades correspondientes para el restablecimiento de sus derechos.
El 17 de enero, al menos cinco firmantes de paz y líderes sociales fueron asesinados en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
Horas más tarde, el Gobierno de Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, al que acusó de no tener voluntad de paz.
Lo anterior desencadenó una crisis humanitaria en esta región fronteriza con Venezuela, históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y actividades relacionadas con el narcotráfico.
Según ha informado la prensa colombiana, la población civil ha quedado atrapada en medio de la violencia, con reportes de secuestros y desplazamientos hacia municipios como Ocaña y la ciudad de Cúcuta.
Con fecha de corte al 20 de enero, al menos 80 personas han sido asesinadas y alrededor de 5.000 más han sido desplazadas forzosamente debido a la violencia.
El Catatumbo, una región estratégica por su ubicación fronteriza y su alta presencia de cultivos ilícitos, ha sido escenario de frecuentes enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Desde que las FARC abandonaron las armas, luego del proceso de paz de La Habana, tanto el ELN como las disidencias han intensificado su actividad en la zona, disputándose el control de corredores estratégicos para el narcotráfico.
En ese contexto, el presidente Petro llamó a la población del Catatumbo a reflexionar. Asimismo, sentenció que, mientras exista economía ilícita, continuará la violencia.
«Es la hora con ayuda del Gobierno de realizar un gran proceso de sustitución de esa economía ilícita por economías legales. En los decretos de conmoción interior se mostrará un camino eficaz», ponderó el líder de Colombia Humana.