A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
El sexenio que concluyó fue tan nefasto en materia de seguridad que hoy, la actual administración tiene que hacer malabarismo para tratar de reducir el caos derivado de la falta de raciocinio y los intereses creados por las mása altas autoridades gubernamentales.
En el Senado de la República tienen muy claro todo lo sucedido, ya que gracias a los trabajos del Instituto Belisario Domínguez, en sus “Notas Estratégicas” (independientemente de otras instituciones gubernamentales) es posible conocer el caos en materia de seguridad y las bárbaras cifras que exhiben como resultaron afectados los mexicanos.
El objetivo de los investigadores exponen, fue describir algunas características de la denuncia de los delitos en México, a partir de las estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, de los siguientes aspectos: delitos ocurridos; delitos denunciados; cifra negra; causas de la no denuncia; tiempo promedio de denuncia; calificación otorgada al trato recibido durante la denuncia; resultado de la averiguación previa; y, servicios que deben ser proporcionados por las autoridades.
De tal manera que, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en el periodo de 2010 a 2023 la cifra negra promedio fue de 92.9%, es decir, que de cada 100 delitos ocurridos sólo se inició la investigación en 7 de estos.
Asimismo, en el periodo 2012 a 2023, el delito con mayor porcentaje de cifra negra fue la extorsión, con un promedio de 97.9%, es decir, que de cada 100 extorsiones ocurridas sólo se inició la investigación en 2 de éstas.
Además, de 2011-2023, la principal causa del por qué los ciudadanos víctimas de un delito no denunciaron fue porque consideraron que era una pérdida de tiempo (33.2%).
ENTIDADES MÁS
CASTIGADAS
En 2023 sumaron 8 las entidades federativas que estuvieron arriba del 95% por ciento de cifra negra: Guerrero (97.5%), Chiapas (96.6%), Tamaulipas (96.4%), Sinaloa (96.3%), Veracruz (96.3%), Nayarit (96.2%), Oaxaca (95.7%) Sonora (95.4%).
Explican: “mientras que en Guerrero se estima que para 2023 se inició la investigación de 2.5 delitos de cada 100 ocurridos; en Durango, Baja California e Hidalgo, sucedió en 11 delitos de cada 100”.
Lo más preocupante es que “la cifra negra se ha mantenido constante y siempre por arriba del 90%, con un promedio de 92.9% para el periodo 2010-2023, es decir, que de cada 100 delitos ocurridos sólo se inició la investigación en 7 de estos, aspecto que refleja la impunidad existente”.
Asimismo, el número delitos estimados presentó una disminución a partir de 2018, sin embargo, en 2023 éstos aumentaron al nivel de 2016.
Por cierto, los delitos denunciados entre 2010 y 2023 ante el Ministerio Público del fueron común fueron un promedio de 10.8%, es decir que de cada 100 ocurridos sólo se denunciaron 10. Además, en 65 de cada 100 delitos denunciados se inició una investigación. Esto es en sólo 7.1% de los delitos ocurridos. En consecuencia, 92.9% corresponde a la cifra negra, es decir, los delitos que no fueron registrados por la autoridad.
Explican en el trabajo que respecto del inició de carpetas de investigación por entidad federativa “existen variaciones importantes, de acuerdo con la ENVIPE 2024, las entidades en las que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación por arriba del 80 % de los delitos denunciados en 2023 fueron Nuevo León y Durango, mientras que Veracruz lo hizo en el 52.2%. Así, considerando los niveles de confianza de la ENVIPE, mientras en Nuevo León las autoridades iniciaron la investigación en 8 de cada 10 denuncias, en Veracruz 5 de cada 10 denuncias la autoridad consideró que no ameritaban el inicio de una carpeta de investigación”.
En cuanto a la Ciudad de México las estimaciones de la ENVIPE para el año 2023 exponen los expertos del Belisario Domínguez, muestran que “fue la peor calificada, ya que 63% percibió un mal o muy mal trato recibido durante el proceso de denuncia. Es decir que 63 víctimas de cada 100 no percibieron un buen trato en su proceso de denuncia. Por el contrario, con las reservas del nivel de precisión de las estimaciones, en Zacatecas sólo 27.2% percibió un mal o muy mal trato en el proceso de denuncia”.
Por lo que se refiere al resultado de la averiguación previa o carpeta de investigación, “se estima que en el periodo 2012-2023 casi en la mitad de éstas no sucedió nada con un promedio de 49.7%”.
Y con relación a los otros estatus de las carpetas de investigación, “para el periodo 2012-2023 un promedio del 24.6% se encontraban en trámite, 7.6% recuperó sus bienes, en 3.3% hubo reparación del daño y el 8.6% se puso al presunto delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón”.
De ahí que se precise:
“En este sentido, si se toma como ejemplo el año de 2023, de acuerdo con las estimaciones de la ENVIPE 2024, de los 31,283,689 delitos ocurridos, sólo en 181,427 de estos se puso al presunto delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón, esto representa 0.58% del total de delitos ocurridos en ese año”.
Y consideran: “Lo más triste es que cuando las víctimas de los delitos entran en contacto con el sistema pueden ser revictimizadas por los operadores de justicia, ya que éstos pueden generar mayor maltrato que el provocado por el delito o el agresor. Así, las víctimas se enfrentan a diversas situaciones jurídicas, que pueden generar un desgaste en la búsqueda de justicia, aspecto que puede generar secuelas físicas y psicológicas (Mantilla, 2015, p. 36)”.
Tras este trabajo los especialistas explican que se muestra “que existen al menos dos problemas fundamentales sobre la denuncia de los delitos en México. El primero es el bajo porcentaje de los delitos que se denuncian ante el Ministerio Público. El segundo, que cuando se denuncia un delito, las víctimas pueden tener una mala experiencia y exponerse a una victimización secundaria”.
Y esto último, desgraciadamente, “desincentiva la denuncia”, por lo cual ante tal escenario, “es necesario impulsar reformas legislativas que generen mecanismos para incentivar a la ciudadanía a denunciar los delitos de los que son víctimas”.
