Aprobada la reforma que desaparece siete órganos autónomos, entre ellos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), comienza ahora un periodo de transmisión de funciones que no estará exento de riesgos, advirtió el filósofo y sociólogo Armando Bartra.
En entrevista el aún integrante de la Comisión Ejecutiva de Coneval se dijo “seriamente preocupado por la credibilidad de los datos, los informes y las valoraciones que hará Inegi”, institución al que serán transferidas las funciones que hasta ahora venía realizando el organismo encargado de medir la pobreza en el país.
“Lo primero que debemos garantizar es que los datos sean confiables, lo cual implica que el Inegi capture el expertise, las habilidades técnicas y los recursos conceptuales que está manejando Coneval para hacer bien su trabajo; y lo segundo es que la gente le crea, que la opinión pública no desconfié de la información”, dijo el también investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La CEPAL indicó que la principal causa de la reducción de la pobreza en el 2022 fue vinculado al mercado laboral, es decir al aumento de los salarios reales en México
Cuando se concretó la reforma administrativa que contempla el traspaso de las funciones del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), diversos especialistas en medición de la pobreza, entre ellos el exsecretario ejecutivo del Coneval Gonzalo Hernández Licona, alertaron sobre la posibilidad de que la información sea manipulada por el gobierno y que no se tenga certeza sobre el impacto de las políticas de desarrollo social entre los más marginados.
“Nosotros estamos trabajando para que el proceso de transferencia de funciones sea público, transparente, pertinente y que sea un periodo relativamente prolongado”, dijo Bartra, quien vaticinó que será necesario hasta un año para realizar ajustes a la ley, transferir casi 20 años de expertise, programas de información, gente calificada y capacitación del personal receptor.
Identificado como militante de izquierda y cercano a la llamada Cuarta Transformación, Bartra Vergés opinó que es imprescindible que el traspaso de funciones al Inegi sea transparente para que la futura información sobre la pobreza sea creíble.
Además de hacer una medición multidimensional de la pobreza (lo que implica estimación de carencias y acceso a los derechos sociales), el Coneval también evalúa la efectividad y pertinencia de los programas sociales, además de que asesora a gobiernos federal, estatales y municipales en la instrumentación de políticas sociales.
Este abanico de funciones requiere no sólo modificaciones a la ley —toda vez que el Inegi está facultado para generar información, pero no para evaluarla, hacer recomendaciones ni acompañar a gobiernos en la aplicación de políticas de desarrollo social—, sino que implica desarrollo de capacidades para aplicar metodologías, generar productos y documentos en fechas específicas, y establecer los enlaces con gobiernos federal y locales.
En un año, Coneval genera más de medio centenar de documentos (estudios, evaluaciones, índices, guías, memorias, diagnósticos, mapeos, monitoreos, análisis y libros), además de talleres, cursos y seminarios para servidores públicos, periodistas y académicos.
