*Es el Futuro Cercano que se Observará Llegará con el Arribo de Donald Trump
NIDIA MARIN
El crimen organizado les quita sus tierras y los obliga a salir de México. Y emigran… pero en el principal lugar de resguardo: Estados Unidos, pero ahora Trump los regresará para que los maten en su país.
Es una de las vertientes que se esperan desde el próximo lunes 20 de enero cuando el republicano tome posesión, como presidente de Estados Unidos, en el Capitolio de Washington D.C.
¿Cuántos mexicanos han sido expulsados de sus pueblos por el crimen organizado?
¿Cuántos se vieron forzados a salir ante la falta de trabajo y de tierras?
¿Cuántos se quedaron sin familia tras las masacres perpetradas por los delincuentes?
¿Cuántos serán repatriados y retornarán a morir en su patria por acción delincuencial?
¿Cuántos mexicanos deberán vivir en las calles de ciudades y pueblos para poder sobrevivir, porque les arrebataron sus tierras o sus casas?
¿Cuántos serán repatriados y llegarán para morir a su tierra: México?
El problema es grave, si se toman en cuenta las advertencias trumpianas y se recuerda lo que sucedió a miles de mexicanos agredidos por los criminales que no respetaron los “abrazos no balazos” en el sexenio que hace tres meses concluyó (afortunadamente, aunque siga haciendo daño a larga distancia) y desde antes de que iniciaran esos nefastos seis años de amargura.
Obligados por las circunstancias, más de un millón de mexicanos salieron del país entre 2018 y 2024 y con esas cifras… México es el principal país expulsor de emigrantes en el mundo. La mayoría está en los Estados Unidos, seguido por Canadá, España, Alemania y Reino Unido.
Han emigrado de todos los estados de la República, pero fundamentalmente los grandes expulsores son aquellos con el grave problema de masacres y despojos de tierras perpetradas por el crimen organizado (sobre todo en los seis años pasados que no se les combatió), sin que nadie les pusiera un alto por la política de “abrazos no balazos”.
Dichas entidades son: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Ciudad de México y Puebla.
Entre 2018 y 2023 Estados Unidos continuó siendo el principal receptor de la población inmigrante de México (67.8 %).
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica señala que mientras en 2018 salieron con rumbo a Estados Unidos un 84.8% de mexicanos, en 2023 fueron 87.9% del total de salidas del país.
Ciertamente la criminalidad se enseñoreó de la República Mexicana en el sexenio pasado y hoy, aunque se han registrado acciones oficiales en la materia, aun no hay certeza de que exista un plan para toda la República, ya que fue tan elevado el crecimiento de la criminalidad que por ello, en adelante, los gobernadores tendrán que asumir una de sus responsabilidades, misma que estuvo ausente en las entidades durante seis años.
Además, en el sexenio que concluyó se acabó con las policías en materia nacional y estatal. Es mínimo lo que hay en la actualidad en ese renglón.
¿Y LA LEY CORRESPONDIENTE?
SIMPLEMENTE NO EXISTIÓ
La ley en la materia, en sus disposiciones de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, precisa en el artículo dos que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La acción en materia de seguridad en las entidades fue mínima y contra el crimen organizado simplemente no existió. Los criminales hicieron lo que se les dio la gana.
Ello, no obstante que el artículo 12 del mencionado documento señala como parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública a los gobernadores. Al parecer sólo estuvieron de adorno y nadie les reclamó, ni le exigió algo, por lo que los mal pensados han mencionado que había un acuerdo con ciertos grupos.
Además, conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse.
Todos estaban obligados a integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines. Por ejemplo, formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública.
Pero, hoy en el 90% de las entidades de la República observamos el caos en seguridad pública.
Sí, hay mucho trabajo por delante para el gobierno, el Ejército y la Marina y los tres cuerpos policiales que aún existen en el país, entre los cuales está volver a integrar cuerpos policiales. Por favor que sean honestos y responsables de su investidura y no chantajistas de cuarta.
