Derivado del reciente ataque a un centro de rehabilitación en el fraccionamiento Jacarandas de Mazatlán, donde un interno murió y 19 resultaron heridos, inició la reubicación de pacientes de los centros y anexos que se ubican en zonas de alto riesgo. Además, a esas instalaciones se les colocará seguridad.
El gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya externó que se están buscando espacios adecuados para reubicar a las personas que permanecen en rehabilitación en centros enclavados en zonas consideradas conflictivas o de alto riesgo, para evitar que se vuelvan a presentar nuevos hechos de violencia.
Sobre el ataque a balazos e incendio del centro de rehabilitación denominado “La Paz”, ubicado en el fraccionamiento Jacarandas de Mazatlán, indicó que éste no encuentra con registro, ni cuenta con autorización para operar; sin embargo, las personas que resultaron ilesas serán trasladadas a otros espacios con atención médica y seguridad.
De acuerdo con las investigaciones, cuatro hombres armados llegaron a dicho centro, donde se encontraban 29 pacientes en proceso de rehabilitación, y dispararon contra las instalaciones, a las cuales les prendieron fuego. En el ataque falleció una persona, la cual fue encontrada quemada, al parecer era el responsable del lugar.
Nueve de los pacientes bajo tratamiento de rehabilitación lograron salir del inmueble sin ser lesionados por las balas o quedar atrapados por las llamas que fueron provocadas por los hombres armados que rociaron el interior con gasolina y le prendieron fuego.
Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado, dio a conocer que un total de 19 personas de ese centro resultaron con quemaduras e intoxicación por la inhalación prolongada de humo, por lo que tuvieron que ser trasladados a hospitales del puerto.
Dieciséis de los internos fueron llevados para atención médica al Hospital General de la ciudad de Mazatlán y los tres restantes, por su condición de salud grave por la inhalación de monóxido de carbón, fueron trasladados a otro nosocomio.
Reiteró que dicho centro no contaba con registro o permisos de operación de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, por lo que se va a determinar las sanciones a aplicar por estas irregularidades.
La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reveló el pasado 11 de diciembre que la Policía de Investigación en un recorrido por cinco centros de rehabilitación ubicados en la ciudad de Mazatlán, documentó que de 31 internos fueron reclutados en forma voluntaria.
Señaló que estos hechos están bajo investigación, dado que, en forma inicial, se conoció que personas armadas llegaron a uno de estos centros e invitaron a los internos a trabajar con ellos, por lo que 16 de los pacientes en rehabilitación en forma voluntaria salieron de este lugar. Agencias
