El Ejecutivo argentino busca desprenderse de la compañía IMPSA, una de las principales firmas argentinas en materia de tecnología nuclear, rescatada por el Estado en 2021 para evitar su quiebra. «Extranjerizar una empresa tan importante es absolutamente equivocado», dijo a Sputnik un investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El presidente argentino Javier Milei tiene todo listo para concretar la primera privatización de su Gobierno. Se trata de la empresa estatal Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA), fabricante de turbinas para la generación energética, que pasaría a manos de la compañía Industrial Acquisition Fund, de capitales estadounidenses.
De concretarse, la operación acarrearía un fuerte valor simbólico: se trata de la primera venta de una firma pública de la gestión libertaria. Con la sanción de la Ley Ómnibus -en junio pasado-, el Ejecutivo quedó facultado para privatizar más de una decena de compañías estatales: sin embargo, protestas tanto gremiales como de la oposición política han demorado la ejecución de una de las promesas de campaña del líder libertairo.
Fundada en 1907, IMPSA constituye una de las empresas de alta tecnología y metalmecánica más relevantes del país, sobre todo por su peso en el desarrollo nuclear. Con más de 650 empleados, la firma realiza trabajos tanto a nivel nacional -por ejemplo, en la estratégica represa Yacyretá (norte)- como internacional, donde ha cosechado considerable prestigio en virtud de su exportación de tecnología.
Con 63,7% de participación, el Estado nacional es el principal accionista -a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo-, mientras que la provincia de Mendoza (oeste) posee el 21,2%. Este capital accionario -del 84,9% del total- es el que se ofrece en licitación. El resto de los títulos se distribuyen entre acreedores y la familia Pescarmona, fundadora de la compañía a inicios del siglo pasado.
El argumento central esgrimido por el Gobierno de Milei consiste en que, además de ser deficitaria, la empresa arrastra una colosal deuda de 566 millones de dólares: por eso la «motosierra» libertaria blandida sobre el déficit fiscal puso sus ojos en la compañía tecnológica.
En rigor, la firma nació, creció y se desarrolló bajo la administración privada hasta el año 2021, cuando el Gobierno nacional decidió intervenir para salvarla de la quiebra y, así, garantizar la continuidad de las operaciones de una protagonista del proyecto nuclear del país.
Industrial Acquisition Fund, la corporación que apuesta a quedarse con el manejo de la compañía, cuenta entre sus principales inversores con ARC Energy, firma estadounidense especializada en el sector energético e infraestructura. La oferta que aparece sobre el escritorio del Ministerio de Economía argentino es por 27 millones de dólares, además de la reestructuración de la deuda de la empresa.
Miradas cruzadas
«Privatizar IMPSA supondría una enorme pérdida de soberanía tecnológica. Extranjerizar una empresa tan importante es absolutamente equivocado», dijo a Sputnik Andrés Kreiner, físico nuclear y subgerente de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Según el experto, «los intereses de una empresa extranjera son absolutamente diferentes de los del país, por lo que IMPSA quedaría relegada en el tablero nacional».
«IMPSA es una empresa fundamental del sector metalmecánico y una de las más importantes a fines estratégicos para el país. No estamos opuestos al capital privado por una razón ideológica, sino por el impacto que tendría que esta empresa pasara a manos extranjeras», remarcó el investigador.
La lectura no es unánime. En diálogo con Sputnik, Julián Gadano, director del área de Política Nuclear de Fundación Argentina Global y ex subsecretario de Energía Nuclear de la Nación (2015-2019), afirmó que «IMPSA no debería ser pública» dado que «se trata de una una empresa que llegó muy lejos, con reconocimiento internacional, bajo manos privadas». Para el experto, la firma «no está concebida como una compañía estatal».
«Aunque estuvo bien rescatada para evitar su quiebra, creo que puede funcionar tranquilamente en manos privadas. Que este sector sea estratégico no implica que toda empresa del rubro tenga que ser pública. No hay que tenerle miedo al capital privado: el Estado no nació para administrar empresas, y no siempre es el mejor actor para hacer negocios», destacó Gadano.
El debate de fondo
La discusión no se cierra sobre el caso del IMPSA. La ciencia argentina en su conjunto atraviesa un momento delicado, en virtud del ajuste fiscal desplegado durante todo el primer año de Gobierno de Javier Milei. De hecho, en pos de alcanzar el ordenamiento de las cuentas públicas, el Ejecutivo diseñó un proyecto de Presupuesto 2025 que supone un recorte de más del 30% en el presupuesto para el entramado científico.
«Hay un brutal desfinanciamiento: hemos perdido recursos muy valiosos durante todo este año. Este Gobierno no está en absoluto interesado en el desarrollo estratégico del país», denunció Kreiner. Para el investigador, «lo preocupante es que está yéndose una gran cantidad de jóvenes preparados, en una verdadera fuga de cerebros».
Las cifras parciales validan parcialmente la advertencia del experto. Para el 2025 se ha registrado una reducción del 30% en la cantidad de científicos que deciden postularse para ocupar un puesto como investigadores en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Consultado al respecto, Kreiner coincidió en que «el sector nuclear, como todo el entramado científico-tecnológico- requiere de financiamiento. Si Argentina se ha labrado un nombre a nivel internacional, fue en gran medida gracias a la inversión pública”.
«Argentina tiene derecho a suponer que puede tener una agencia de desarrollo nuclear de clase mundial. En el caso del IMPSA, la diferencia es que creo que esa tarea puede quedar en manos del sector privado, pero sin denostar al Estado, que siempre cumple un rol fundamental», remarcó Kreiner. Sputnik
