Una agencia gubernamental estadounidense investiga si España está creando «condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de EEUU». En perspectiva, multas millonarias y prohibir la entrada de barcos españoles en sus puertos. El derecho asiste a España, pero Washington basa las relaciones en la imposición.
«Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal», es una frase atribuida al exsecretario de Estado Henry Kissinger que bien puede ilustrar el riesgo de tensiones al que se pueden exponer los países aliados de EEUU cuando toman decisiones que no son del gusto de Washington, aunque sean decisiones soberanas y adoptadas en el estricto marco de la legalidad internacional.
España, país miembro de la OTAN y aliado de EEUU, podría ser objeto de las sanciones de este último si las investigaciones de la Comisión Federal Marítima (CFM), una agencia del Gobierno estadounidense, concluyen que Madrid está creando «condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de los Estados Unidos al denegar la entrada a sus puertos a determinados buques».
Así refiere un aviso de la CFM los casos de los buques mercantes de bandera estadounidense Maersk Denver y Maersk Seletar, con escala prevista en el puerto de Algeciras los días 8 y 14 de noviembre, pero que las autoridades portuarias denegaron bajo instrucción del Gobierno español.
El motivo radicó en la constancia de que ambos barcos, de la naviera danesa Maersk, transportaban un cargamento de armas con destino final a Israel, situación incompatible con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no renovar licencias de exportación de armas españolas a ese país con posterioridad al 7 de octubre de 2023, ni tampoco permitir el tránsito de armamentos hacia el Estado hebreo.
La CFM justifica su investigación en que estos dos buques navegan bajo el amparo del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de los Estados Unidos, el cual pone a disposición del Departamento de Defensa de los EEUU una flota comercial para atender contingencias «en tiempos de conflicto o en otras emergencias nacionales».
Si la CFM concluyera que se ha perjudicado el transporte marítimo del comercio exterior de los EEUU, su legislación le facultará para imponer multas de hasta 2.304.629 dólares por cada trayecto afectado y denegar la entrada a barcos con bandera española en puertos estadounidenses.
Aun sin nombrarlo, el comunicado de la CFM también hace alusión al caso de «otro buque» al que se denegó en mayo el arribo a puertos españoles, «si bien no participa en el Programa de Seguridad Marítima». Se trata del carguero danés Marianne Danica, cuya petición de escala en el puerto de Cartagena fue rechazado por ir cargado con 28,6 toneladas de explosivos con destino al puerto israelí de Haifa.
Discrepancia simbólica
El fundamento jurídico de las decisiones de España se sustenta, entre otros textos legales, en las disposiciones del Tratado sobre Comercio de Armas, que prohíbe la exportación de armamento cuando exista el riesgo de que con él se puedan conculcar los derechos humanos.
La situación es llamativa, pues se da entre países supuestamente aliados de un mismo bloque, la OTAN, donde todos sus miembros asumen la égida de EEUU y «un mundo basado en reglas».
«No hay que sorprenderse de que EEUU haga uso de sanciones incluso contra España, porque, básicamente, es la política que adopta con cualquier país con el que tenga discrepancias», explica a Sputnik Enrique Refoyo, politólogo y doctor en Geografía Militar. Tal actitud, a su juicio, es producto de la «visión unipolar» que tiene EEUU del mundo.
«Trata de imponer su hegemonía a toda costa, incluso a países teóricamente aliados, mediante multas y sanciones», señala este especialista, que subraya que esta dureza de Washington es la causa de su paulatina pérdida de influencia.
«En Washington deberían preguntarse qué es lo que están haciendo para perderla. Porque esto resulta molesto hasta en países con Gobiernos como el de Sánchez en España, extremadamente afiliado a las políticas estadounidenses», afirma Refoyo.
La discrepancia entre España y EEUU se reduce a si «apoyar o no apoyar un genocidio contra los palestinos», recuerda este politólogo, que lamenta que eso pueda ser «motivo suficiente» para la imposición de sanciones y restricciones comerciales. «Y todo porque su aliado España no quiere participar en una cosa, en el fondo simbólica, como es la utilización de sus puertos para el abastecimiento militar de Israel», añade.
Protocolos y legalidad internacional
Organizaciones de apoyo a Palestina, sindicatos y autoridades portuarias vienen denunciando que el trasiego de buques sospechosos de portar armas para Israel no se limita a los casos mencionados; podrían ser muchos más. Pero no hay un mecanismo eficaz de comprobación.
En noviembre, la formación Izquierda Unida (IU) denunció ante la Fiscalía el tránsito de estos buques en puertos españoles y solicitó su investigación. El día 10 de diciembre, además, presentó un protocolo de actuación para inspeccionar los cargamentos en los puertos y revisar su documentación. Propone aprobarlo por decreto en Consejo de Ministros o presentarlo a debate en el Parlamento como proposición de ley.
«Llevamos muchos meses pidiendo el protocolo de inspección sistemática, porque hay problemas a la hora de conocer el contenido de muchos de los barcos que transitan por nuestros puertos», explica a Sputnik Ana Sánchez, portavoz de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).
La exigencia de tal protocolo es fruto de las consultas con «sindicatos e investigadores en comercio de armas y temas de logística», pues todos apuntan esa dificultad.
«Los códigos de identificación que llevan los contenedores no siempre son claros, especialmente cuando el material lo dividen en piezas», explica.
En Rescop recuerdan que, aparte de las disposiciones contempladas en el Tratado sobre Comercio de Armas, en la UE rige la Posición Común 2008/944 y en España la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Es decir, el respeto escrupuloso al Derecho Internacional y a su propia legislación asisten al Gobierno español en sus decisiones.
¿Puede acabar el Gobierno de España plegándose a las presiones? «Esperamos que no, sería el mundo al revés», admite esta portavoz de Rescop.
«Que el Gobierno de EEUU y compañías privadas que ponen sus recursos para mantener un genocidio, culpen de incumplir la ley a quien están tomando medidas para evitarlo, suena kafkiano, no tiene sentido», lamenta Ana Sánchez. «Estamos ante un país y unas compañías cuyo respeto a la legalidad internacional no lo tienen especialmente presente a la hora de relacionarse con el resto del mundo».
Por su parte, el diputado Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU y encargado de presentar en el Parlamento el protocolo de incautación de armas, sostiene que impedir los envíos de armas a Israel atiende a una orden de la Corte Internacional de Justicia «obligatoria para España y los países parte de Naciones Unidas». De producirse, la multa sería «ilegal», escribe en su cuenta oficial de la red X.
La lógica estadounidense
La acción de EEUU refleja una posición política y otra empresarial, que se complementan. Con la primera, Washington deja claro que el carácter de sus relaciones con los países, incluso con sus teóricos aliados, se basa antes en la imposición y la fuerza, antes que en la negociación y la confianza.
«Para EEUU somos súbditos, no aliados. Así que es de esperar que avance en sus sanciones contra España; para que ningún otro país de Europa deje de seguir sus órdenes», asegura Refoyo. En su opinión, no cabe hablar de la OTAN como alianza de Estados.
«No existe ninguna alianza; existe una imposición en el Atlántico norte, generada por EEUU respecto a todos los demás. Creo que veremos más amenazas para que todos los esfuerzos militares europeos vayan orientados a financiar y sostener militarmente la campaña de genocidio de manos israelís contra los civiles palestinos», concluye este analista.
La lógica empresarial por la que EEUU parece gobernarse, tampoco atiende particularmente al interés humanitario. De hecho, Washington no es signatario del Tratado sobre Comercio de Armas. «Son las maneras de actuar en la lógica empresarial capitalista, donde los beneficios de las empresas se anteponen a los derechos humanos y a la vida de las personas», añade Ana Sánchez.
«Priorizan esa lógica y parece que el resto del mundo tenga que estar a su disposición», dice, convencida de la necesidad de un embargo de armas a Israel y de cerrar todos los puertos del mundo que puedan «servir para asistir a este genocidio». «Y no solo por principios de empatía y solidaridad, sino porque es una obligación legal», concluye. Sputnik
