Más de 1.000 ciudadanos de la UE se sumaron a la acción legal contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el caso por las violaciones cometidas durante la compra de las vacunas COVID-19, informó el activista belga que presentó la denuncia, Frederic Baldan.
«Tenemos más de 1.000 demandantes», declaró Baldan a los periodistas, agregando que entre ellos hay miembros de organizaciones no gubernamentales y organizaciones profesionales, como el sindicato de pilotos, así como funcionarios húngaros y polacos.
Hay pruebas de que las vacunas aprobadas para su uso en la Unión Europea «no fueron suficientemente probadas» en cuanto a su eficacia para combatir la pandemia, aunque Bruselas introdujo medidas restrictivas contra quienes se oponían a la vacunación obligatoria, añadió.
«Esto demuestra que la Comisión Europea violó los derechos de los ciudadanos desde el principio», afirmó Baldan.
Un tribunal belga de Lieja no pudo examinar el 6 de diciembre los cargos contra Von der Leyen y tuvo que aplazar indefinidamente las vistas del caso. La Fiscalía Europea protestó por el hecho de que el caso contra la política fuera examinado por la justicia belga, insistiendo en que ella gozaba de inmunidad, ya que estaba relacionado con sus actividades profesionales.
En julio pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la Comisión Europea, encabezada por Von der Leyen, cometió infracciones al adquirir vacunas contra el COVID-19 en los años 2020 y 2021.
Esa corte constató que Ursula von der Leyen, tras sellar contratos por 2.700 millones de euros para adquirir las vacunas, negó a los diputados del Parlamento Europeo el acceso a los documentos relativos a las compras.
En 2021, el diario The New York Times denunció que Von der Leyen mantuvo conversaciones vía SMS con Albert Bourla, director de Pfizer, mientras la UE hacía los preparativos para la vacunación. En ese entonces se sospechó de la «influencia personal» de Von der Leyen en los contratos con esa empresa. El escándalo fue bautizado por la prensa como el Pfizergate. El monto de los contratos pudo alcanzar los 35.000 millones de euros y los 1.800 millones de dosis adquiridas habrían sido excesivas para toda la población de la UE.
