+ Mi sobrina Claudia Morales y su Hermana son Autoras Intelectuales del Artero Ataque en Contra de mi Hija: Alejandra Barrios Richard
ROSALÍO MARTÍNEZ BLANCAS
“Mi sobrina Claudia Morales es la que mueve todo, sus hijos eran buenas personas hoy son delincuentes, pistoleros y matones, ella no tarda en caer ahorita está en su casa. No hay duda que mi pariente junto con su hermana son las intelectuales”.
“El atentado que sufrió Diana Sánchez Barrios no fue político, fue por un interés de querer quedarse con la organización que formé desde hace ya más de 54 años, durante todas esas cinco décadas he luchado, dado mi vida por los comerciantes”.
Lo anterior fue señalado por la dirigente de la Asociación Legítima Cívica Comercial, Alejandra Barrios Richard durante la presentación del libro que escribió su hija cuyo título es “Una rebelión de los marginados por la justicia social y la dignidad de su trabajo”.
Asimismo, reiteró la líder Barrios Richard “esa familia ha actuado con avaricia es ver cómo te quito y cómo me quedo con todo eso, ese es el problema que traen, desgraciadamente ellos provocaron todo esto”.
Comentó también que los tres detenidos están en prisión; dos de ellos en el estado de México y la mujer en el penal de Santa Martha Acatitla. Estos se unieron para realizar el crimen y fallaron en el caso de mi hija Diana, pero no así en el caso de mi sobrino David Núñez y del comerciante, quienes fallecieron por el atentado”.
Finalmente agradeció el apoyo recibido por parte de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como de César Cravioto, secretario de Gobierno “quienes han hecho todo lo humanamente posible por ayudarnos, les estoy agradecida”.
Por otro lado, la diputada y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Silvia Sánchez Barrios comentó sobre la salud de su hermana Diana: “está convaleciente, dejó ya el hospital y si está en recuperación. Está bien, está fuera de peligro y pronto la tendremos entre nosotros”.
PIDEN INVESTICAR
A ALFA GONZÁLEZ
En otro tema, funcionarios de Alfa González deben ser investigados por su posible participación en una red de corrupción y extorsión en contra de comerciantes de la Alcaldía Tlalpan durante la anterior administración.
El Congreso de la CDMX aprobó un Punto de Acuerdo al respecto de la diputada Xóchitl Bravo, Coordinadora de la bancada de Morena.
“La corrupción y la extorsión no son delitos menores. Son crímenes que desangran nuestras instituciones, afectan la convivencia y la justicia, y perpetúan la desigualdad y la desconfianza. No solo roban recursos, también roban esperanza. Lo más grave es que cuando los servidores públicos caen en estos vicios, traicionan la misión que les fue encomendada: trabajar para el pueblo, no para su propio beneficio”, sentenció.
Dicha propuesta contempla que la Contraloría General de la Ciudad de México y la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos investiguen a quienes resulten responsables de corrupción y hayan extorsionado a vendedores durante la administración de González Magallanes, de 2021 a 2024.
Desde la tribuna, explicó que el pasado 22 de noviembre la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, hizo público un asunto muy grave que afecta profundamente a los habitantes de esta demarcación: una red de extorsión y corrupción por parte de exfuncionarios de la anterior administración local que perjudicó de manera directa a pequeños y medianos negocios.
Al respecto, reconoció la responsabilidad de Osorio Hernández por presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía. “Necesitamos que los funcionarios que cometieron estos presuntos actos delictivos sean castigados con todo el peso de la ley”.
Tras calificar de doloroso este problema, la legisladora de Tlalpan explicó que esa red estaba perfectamente estructurada y que, mediante prácticas ilegales y abusivas, despojó a cientos de ciudadanos de sus derechos. Ello, apuntó, porque los funcionarios de Alfa González exigían hasta 100 mil pesos por retirar los sellos de clausura de los establecimientos, así como pagos ilegales mensuales.
“Un total de 205 expedientes fueron utilizados para extorsionar a comerciantes, a quienes se les pedían pagos mensuales bajo la amenaza de clausurar sus negocios, creando un ambiente de incertidumbre y miedo en la Alcaldía Tlalpan”, subrayó.
