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Con 16 días de activismo, la Sala Superior del TEPJF conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas
Los deudores alimentarios deben tener consecuencias como el ser inelegibles para cargos de elección popular y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de sus sentencias, cuida que la ley se cumpla y se hagan valer los derechos de la niñez y de la adolescencia, destacó la directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género (DGIDPG), Alejandra Montoya Mexia.
En el marco de los 16 días de activismo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que lleva a cabo la Sala Superior del TEPJF a través de la DGIDPG, expertas invitadas al Taller de Análisis de Sentencias del recurso de reconsideración SUP-REC-532/2024 acerca de deudores alimentarios aseveraron que la justicia no solapa el maltrato a la infancia, sino al contrario, defiende con dignidad y firmeza a las personas más vulnerables.
Especialistas en antropología, psicología, abogacía y sociedad civil celebraron que se hagan visibles en las sentencias las consecuencias a los deudores alimentarios. El que una persona resulte inelegible por esta causa “nos dice que estamos en el camino correcto”, agregó Montoya Mexia.
La antropóloga María Pilar Alberti Manzanares; la expresidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Claudia de Buen Unna; y la fundadora y rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales, Raquel Schlosser, coincidieron en señalar los daños psicológicos y sociales que sufren las familias de un deudor alimentario.
Durante el taller, desarrollado de manera híbrida, reconocieron la importancia de la ley 3 de 3 —elevada a rango constitucional— que en su artículo 38 indica que personas en esta condición no pueden ostentar algún cargo público, por lo que la calificaron como una sentencia emblemática y un logro del feminismo.
Asimismo, la integrante de la Red Feminista Sonorense Observatorio Ciudadano por la Paridad e Igualdad de Género, Leticia Burgos Ochoa, y de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), María Eugenia del Pilar Núñez Zapata, ahondaron en el marco normativo y en aspectos éticos del andamiaje legal. Reconocieron las resoluciones valientes y valiosas del Tribunal Electoral.
Por su parte, las feministas Julieta Lujambio e Yndira Sandoval hicieron un llamado a armonizar la ley 3 de 3 en todas las entidades del país y a hacer efectiva su aplicación en futuras elecciones. Las presentes reconocieron al Tribunal Electoral por realizar estos foros, que buscan analizar y reflexionar en torno a fortalecer los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y a vivir libres de violencia y discriminación.
