A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
Más allá que el Congreso de la Unión decida o no modificar las normas para que la extorsión se considere un delito grave, México no debe seguir por el actual camino que se ha traducido en más de 60,000 extorsiones sexenales aproximadamente, sin que pase nada a quienes violentan a los ciudadanos.
¿A qué nos enfrentamos los mexicanos?
Juan Pablo Aguirre Quezada, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, lo explica, ante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, de considerar este delito como grave.
“La extorsión es un delito contra del patrimonio. En nuestro país esta conducta ha perjudicado a miles de personas, afectando su integridad, actividades cotidianas y generando miedo y pérdidas económicas”, señala al analizar la propuesta que actualmente se ubica en la Cámara de Diputados.
En el Cuaderno de Investigación número 106 plantea las categorías de los delitos de extorsión: la indirecta y la directa.
Acerca de la primera menciona: “el premio”; “el familiar”; “cruzada”; “amenazas”; “secuestro virtual”; “botiquín”; “negocios” o ciber extorsiones.
En la otra forma están: “…los cobros por derecho de piso o los delitos conexos (Inacipe, 2019. p. 2-5)”. Expone además, que en los últimos años han afectado a las familias mexicanas y al entorno comunitario.
¡Y sorpréndase! Sí, hay denuncias registradas, pero sorpréndase porque “… un gran número de estos actos delictivos no son denunciados por temor a represalias, la cuantía del daño o la falta de confianza en las instituciones procuradoras de justicia
Añade: “Algunas fuentes refieren que “la extorsión es el segundo delito menos denunciado con una cifra negra de 97.9% para el 2020 -sólo por detrás del secuestro-, dicho en otras palabras, de cada cien casos, aproximadamente sólo de dos se llegan a abrir carpetas de investigación” (Rivas, 2022). Por tanto, los daños causados por estas conductas ilícitas son incalculables”.
Resalta, además, que el número de denuncias por el delito de extorsión aumento a escala nacional de 2016 a 2019, con una disminución en 2020 y un crecimiento de 2021 a 2022, para mantener niveles similares en 2023.
“Cabe destacar que en estos dos últimos años se reportaron los dos indicadores históricos más altos del registro. Pese a ello, es importante tomar en cuenta que el número de este tipo de ilícitos denunciados son un porcentaje muy bajo de los que suceden.
Por ejemplo, los casos denunciados en 2023 sumaron 10,337 y de enero a agosto de 2024 eran 6,824.
Ahora que, en todas las entidades de la República se presenta esta problemática, pero las entidades con serios problemas son: Estado de México (de alarmar) 4,010 denuncias; Veracruz, 881; Guanajuato, 801; Nuevo León, 797; Jalisco, 588; CDMX, 496; Hidalgo, 395; Michoacán, 241, Morelos, 236 y los demás entre tres y dos dígitos.
Sí, los estados con menor número de averiguaciones previas por este delito fueron: Coahuila (30); Chiapas (18); Yucatán (14); Chihuahua (5); y Tlaxcala (3). Cabe destacar que este tipo de delitos no sólo se originan en una sola entidad federativa, sino pueden ser a distancia y la denuncia se levanta en la entidad federativa donde se encuentra la persona afectada, tal como puede ser la extorsión telefónica”.
LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL CONTRA…
Explica el investigador del Belisario Domínguez:
“Uno de los nuevos retos para combatir la extorsión es el uso de la inteligencia artificial por parte de bandas criminales para cometer este tipo de ilícitos. Algunos medios de información han resaltado que “en la frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo, se ha reportado que grupos criminales que utilizan imágenes falsas para estafar a las familias de migrantes desaparecidos (Newton, 2024). Por tanto, la extorsión ha demostrado ser un delito que se ha transformado y adaptado a nuevas tecnologías, desde llamadas telefónicas hasta suplantaciones de identidad en diferentes redes sociales, lo que induce a que las personas puedan ser engañadas y convertirse en víctimas de este delito”.
Inclusive, la Coparmex señaló este año:
“Durante 2023, el 54.5% de nuestros socios fueron víctimas de algún delito, siendo la extorsión el segundo más frecuente”.
Y desde luego muy grave es que tales actividades delictivas también lesionan “…el precio de los productos que adquieren las y a los consumidores, tal como sucedió con el precio del limón, según lo documentado por diferentes fuentes en agosto de 2024.
“Al respecto, Jonathan Heath -subgobernador de Banco de México- declaró que “tenemos amplia información de tipo anecdotario que apunta que no sólo es un factor importante, sino creciente, de tal forma que contribuye al proceso inflacionario que enfrentamos” (El Economista, 2024), respecto al impacto de las “cuotas” basadas en este modus operandi utilizadas por la delincuencia organizada”.
Y claro que hay severas críticas ante la falta de combate efectivo a este tipo de delito. Es criticable el cobro de derecho de piso y la falta de voluntad para solucionarlo, pero además, por ejemplo, “…otra arista de los actos de extorsión que existe en nuestro país la padecen los migrantes que cruzan nuestro territorio para llegar a Estados Unidos, quienes sufren este flagelo en diferentes formas. Acciones tales como exigir un pago por transitar, engaños con fotografías a sus familiares en sus lugares de origen, cobro de piso en albergues, transportación obligada de narcóticos o secuestros son realizadas por miembros de bandas delictivas a fin de obtener recursos ilegales a costa del sufrimiento de personas que huyen de la violencia o de la pobreza.
“En ese sentido, algunos medios de información han difundido situaciones en que la extorsión “ha alcanzado a los albergues de migrantes en la frontera con Estados Unidos, donde activistas temen cerrar los refugios ante las amenazas de muerte que han recibido de las bandas” (Forbes, 2024b). En esta modalidad de dicho ilícito merman los recursos de las personas en tránsito por nuestro país, además del riesgo de ser agredida o asesinada en caso de no entregar el monto solicitado a quienes los amenazan”.
Como señala el investigador:
“El uso del miedo por parte de las bandas de extorsionadores permite que estos intentos se conviertan en delitos consumados, debido a que “el momento en que alguien transmite una intimidación o se esfuerza por chantajear, tendrá la finalidad de infundir temor en la víctima en cuestión” (Castelló, 2024). Estos factores también inciden para no denunciar a las autoridades, o en su caso ceder ante las amenazas de los agresores”.
Es posible, pues, que haya penas más severas para el delto de la extorsión porque ¡ya basta!
