El Paquete Económico 2025 profundiza las desigualdades entre la población, al aplicar recortes al gasto público, y no garantiza derechos de salud o servicios básicos, alertó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
De acuerdo con el organismo, los recortes en materia de salud o inversión son los que más pueden comprometer el bienestar de la población a largo plazo al no garantizar servicios básicos de atención o propiciar un crecimiento económico.
Para 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso un gasto total de 9.2 billones de pesos, de los cuales el 80 por ciento estaría comprometido en pensiones, transferencias y pago de deuda, y aunque se priorizan áreas como protección social, sectores clave como salud, educación, primera infancia y cuidados enfrentan recortes de entre el 1.5 y el 10 por ciento respecto a lo aprobado en 2024, lo que compromete la cobertura de servicios básicos.
“La meta de ingresos parece prudente si se considera la expectativa de crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, hay apoyos como los de mujeres que no necesariamente ayudan a cerrar la brecha de género”, dijo Alejandra Macías, directora general del CIEP.
En conferencia de prensa, la directiva destacó que tampoco hay prioridad en materia de seguridad, pues tan sólo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tendrá un recorte en su presupuesto de 36.2 por ciento.
“No hay estrategia de seguridad para reducir la inseguridad en el país. Con los recortes al gasto se está desprotegiendo a las siguientes generaciones que tendríamos que estar impulsando para ser un mejor país”, subrayó Macías.
En su intervención, José Luis Clavelina, director de investigación del CIEP, advirtió que también es preocupante que el próximo año se esté proyectando un mayor gasto para el pago de la deuda que para la inversión física.
Según la SHCP, se prevé que el próximo año se destinen cerca de 1.38 billones de pesos para el pago de la deuda y sólo 836.6 mil millones de pesos en materia de inversión.
Los recursos para el pago de la deuda, también conocido como costo financiero, son para cubrir intereses, comisiones y gastos derivados por la adquisición de un crédito, mientras que la inversión física son todas aquellas erogaciones para obra pública y adquisiciones autorizadas para una dependencia o entidad de gobierno anualmente como hospitales, escuelas, carreteras, entre otros proyectos.
Ante este escenario, la directora general del CIEP enfatizó que es necesario aplicar una reforma fiscal para aumentar los ingresos del país.
Desde su perspectiva, dicha reforma puede hacerse sin la necesidad de crear o aumentar gravámenes y solo centrándose en el cobro de adeudos o haciendo más eficiente la recaudación tributaria.
“Salirse del discurso que no necesitamos una reforma fiscal sería la mejor señal para hacer la diferencia entre administraciones, hay otras cosas que podemos hacer para que no necesariamente se incrementen los impuestos”, precisó Alejandra Macías.
