*Alto Riesgo de que al Ciudadano se le Vulnere su Derecho a la Seguridad Jurídica
*Ya se Había Vencido la Resistencia de las Autoridades Para Confeccionar el INAI, Pero…
*Inclusive en el Sexenio Pasado el Presidente Reservaba Información Como la del Segundo Piso
*La Tendencia del Sector Público Derribada en Beneficio de los Ciudadanos: ¿ya no?
*Regresamos al Pasado, Conservando una Monarquía Sexenal a Costa de Limitar Libertades
ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO
Es un periodo muy corto el que tiene Claudia Sheinbaum al frente del Poder Ejecutivo, sin embargo, en escaso mes y medio desde que asumió el cargo, con gran rapidez se ha encargado de desmantelar instituciones que costaron décadas construir, bajo la consigna de su democratización o por ser onerosas para el erario.
Con la bandera de edificar el segundo piso de la cuarta transformación, inicia una carrera de transformaciones sin pies ni cabeza, al carecer de fundamentos solidos para cimentar esas decisiones, solamente explicables con la firme intención de consolidar el poder a costa de los derechos ciudadanos.
Baste decir que, con la ya muy controvertida democratización de los jueces y magistrados, se desnaturaliza la función jurisdiccional, aspecto que ha sido ampliamente analizado por grandes figuras del constitucionalismo desde el siglo XIX, además, existe un alto riesgo de que al ciudadano se le vulnere su derecho a la seguridad jurídica y un acceso efectivo a la justicia, completo, eficaz e imparcial.
Por otra parte, con los organismos autónomos constitucionales, la tarea no fue fácil para crearlos, se tuvieron que romper barreras históricas, en particular en la confección del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ante la resistencia que tradicionalmente tienen las autoridades en transparentar sus actos.
Se vio inclusive con el anterior Presidente, desde que era Jefe del Gobierno del Distrito Federal, en múltiples ocasiones con cualquier pretexto reservaba la información. Un caso emblemático, fue la construcción y los contratos del segundo piso, que los mantuvo en la confidencialidad, ocultos a los ciudadanos.
Es una tendencia generalizada del sector público que fue derribada en su momento en beneficio de los ciudadanos y, ahora, la intención es regresar nuevamente a la opacidad al asumir esa función la propia autoridad, que por regla se opone a la transparencia.
Al transitar en una dinámica de cambios, se supone son para mejorar y combatir los enormes problemas que se padecen, entre otros la corrupción, impunidad y seguridad, con los objetivos de tener Estado de Derecho, armonía y paz social, implementando para tal efecto nuevas políticas públicas, que se reflejan en la constitución y leyes secundarias.
No obstante, es dable afirmar que esos cambios no son tales, púes simplemente están cercenando lo logrado, es decir, regresamos al pasado, conservando lo que antes se tenía: una monarquía sexenal a costa de limitar libertades.
Entonces, no es posible establecer como avance un retroceso. Si la corrupción se combate con transparencia, resulta poco sensato y hasta imprudente eliminar el organismo encargado de velar por ese derecho; igualmente si la intención consiste en abatir y sancionar la criminalidad y bajar los índices de impunidad, la ruta de militarización y facultades de mando prácticamente único, con jueces elegidos al azar, tampoco garantiza ser el camino adecuado.
La visión es estrecha, no se están observando integralmente todos los elementos en cambios sensibles que merecen una especial atención, simplemente se hacen reformas parciales y sesgadas, que nada tiene que ver con un Estado moderno, más bien, es el retorno a las viejas prácticas autoritarias y centralistas.
