Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
En el pasado reciente, durante el quinquenio y 10 meses de gobierno, se minimizaron los estudios y recomendaciones de calificadoras prestigiadas bajo el argumento de ser parte del neoliberalismo.
Nunca se entendió que las calificadoras son entes a los que bancos, instituciones financieras y bolsas de valores, les hacen caso sobre todo a dos de ellas: Moody’s y Standar&Poors y toman en cuenta de manera sería los tratamientos que aplican a los países y las empresas que, en su conjunto, son responsables de las economías.
A pesar de las crisis financieras que viven Pemex y CFE, la solidez de la macroeconomía mexicana logró flotar mediante medidas financieras que elevaron la deuda soberana y las de ahora llamadas “empresas del Estado”.
En un comunicado, la calificadora anunció el cambio de perspectiva de México de estable a negativa debido a su visión de un “debilitamiento del marco institucional y de formulación de políticas que podría socavar los resultados fiscales y económicos”.
Señaló que la reciente reforma al poder judicial en México, por la que jueces, magistrados y ministros de la Corte serán electos por voto popular, podría debilitar los controles y equilibrios del sistema judicial, con un posible impacto negativo en la fortaleza económica y fiscal del país.
Moody’s añadió que existe una mayor probabilidad de que los pasivos contingentes de la petrolera estatal Pemex se materialicen en el balance del gobierno y, al mismo tiempo, no restablezcan la sostenibilidad de la deuda a largo plazo de la empresa, lo que haría que se mantengan riesgos fiscales gubernamentales.
A grandes rasgos es lo que observa Moody’s. Y en respuesta, la Secretaría de Hacienda afirmó que este ajuste no implica una rebaja en la calificación, sino que responde a un análisis precautorio del balance de riesgos percibido.
“El cambio en la perspectiva se ha atribuido a que la agencia supone rigideces en el gasto público y desafíos en la consolidación fiscal, así como a la posibilidad de un cambio institucional que podría influir en el clima de negocios.
“Es importante mencionar que la agencia no disponía en el momento de su Consejo de la información sobre el Presupuesto de 2025, la política fiscal propuesta para el próximo año o las proyecciones que la Secretaría de Hacienda entregará al Congreso de la Unión hoy”.
De nueva cuenta se minimiza el riesgo y ello demuestra que la “soberanía” está por encima de la realidad y que el gobierno federal -el pasado y el actual- supone que la economía “es sólida, fuerte como el peso” y rechaza todo aquello que exhiba el excesivo gasto y la reducción de ingresos.
Pemex sigue siendo el clavo en el zapato y el anuncio del “único impuesto, el del bienestar” no implica que se le vaya a abandonar y que los apoyos financieros de dinero público se mantendrán, aunque con ciertos recortes, según ha dicho el ratificado secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Se habla ya de una “profunda reforma fiscal” para que el “piso se empareje” entre quienes pagamos impuestos. Hacer que los empresarios ricos paguen lo correcto y que los otros, o sea nosotros, sigamos siendo los causantes cautivos que mayor aportación hacemos.
En los planes gubernamentales del actual siglo XXI, no han considerado ninguna medida para generar empleos suficientes o que el 64 por ciento de la población económicamente activa deje la informalidad para incrementar los ingresos fiscales.
El IMSS, cuyo método para medir los empleos formales no se ajusta a la realidad, tampoco tiene planes o si cuenta con ellos los guarda en el cajón de las siete llaves, para incorporar a los informales a la formalidad,
El anuncio de Moody’s no se debe tomar a la ligera y, con Ramírez de la O que sí entiende el valor de las calificaciones, está obligado a poner sobre el escritorio de la presidenta la verdad sobre la economía y los riesgos que se corren de aplicar una calificación que haga basura los bonos emitidos por el gobierno federal.
De no hacerlo, tendrá la responsabilidad ante la historia de no tomar las decisiones correcta y simplemente acatar órdenes, aunque no se cuenten con los recursos para atenderlas.
Veremos hoy el paquete económico y sabremos si el déficit fiscal de 6.5 puntos del PIB se reduce a 3.5 y se sanean las finanzas públicas. La gran pregunta es de dónde sacar, por ejemplo, medio billón de pesos para que la CFE realice sus inversiones futuras.
Y nadie sabe de dónde provendrán los dineros para las personas que son pensionadas a partir de los 60 años.
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