En denuncias entregadas tanto a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a las Relatorías de Grupos Indígenas y de Personas con Discapacidad de la ONU, diversas organizaciones de la sociedad civil les solicitan que recomienden al gobierno mexicano la inmediata suspensión de la reforma judicial, por sus evidentes afectaciones a la independencia judicial, así como a los derechos a la consulta de los pueblos indígenas y personas con discapacidad.
Estos organismos, entre los cuales se encuentran México Justo AC y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, consideran necesaria dicha suspensión, ya que no se garantizaron procesos consultivos y participativos adecuados destinados a lograr el consenso con todas las partes.
En conferencia de prensa, estos dos organismos informaron que ambas denuncias fueron enviadas en el mes de octubre, con el fin de que, para el caso de la denuncia dirigida a la CIDH, ésta le solicite al gobierno mexicano que ofrezca información detallada sobre las medidas implementadas para garantizar el respeto a la independencia judicial, así como explique los mecanismos de consulta previa con los pueblos indígenas y personas con discapacidad, y las acciones emprendidas para asegurar la protección de sus derechos.
En la segunda denuncia solicita a las Relatorías de la ONU, que pidan al gobierno mexicano proporcione información sobre las medidas implementadas para garantizar el pleno respeto a la independencia judicial, al igual que los mecanismos de consulta previa con los pueblos indígenas y personas con discapacidad.
Cabe decir que esta segunda denuncia fue elaborada también por la organización Amor Sin Fronteras.
Los organismos consideran en el texto de las denuncias, que la reforma judicial en México se aprobó en un preocupante contexto de intimidación hacia jueces y magistrados, marcado por claras injerencias indebidas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como motivadas por el descontento ante ciertas decisiones judiciales.
“Miles de jueces y juezas cesarán en sus cargos. Estas reformas violan los estándares internacionales de independencia judicial, particularmente en la elección popular de jueces sin las debidas garantías para nombramientos en virtud del mérito profesional y la idoneidad, lo cual podría permitir una mayor injerencia política, e incluso del narcotráfico, en decisiones judiciales”.
Durante la conferencia, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, afirmó que, en las actuales condiciones de la Reforma, ésta será un rotundo fracaso, ya que no asistiría ni el 5% del padrón a votar por supuestos expertos de los cuales la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos desconoce sus antecedentes y capacidades.
Si bien en México la reforma es legal, ésta no será legítima, dijo, ya que las elecciones serán definidas por unos cuantos y si bien se le ofrece a la ciudadanía la posibilidad de participar, nunca se le permitió a los organismos especializados la opción de formar parte de un proceso para configurar las opciones de elección.
Por su parte, Tania Reyes, secretaria técnica de México Justo, reconoció que los mecanismos a nivel nacional para revertir la reforma judicial están prácticamente agotados, por lo cual “aún se está a tiempo” de acudir a herramientas internacionales en donde sí puede haber una sentencia para detener la reforma.
Asimismo, la abogada América Bárcenas, integrante del Consejo Académico de México Justo, afirmó que la reforma judicial mexicana es el resultado de un mecanismo fast track, en el cual no existieron mesas de dialogo, no se revisaron los estándares internacionales sobre independencia judicial y en el que desde luego no hubo consensos, consultas ni contrapesos.
Desde Buenos Aires, Argentina, la abogada Fabiola Cantú, integrante de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, explicó por su parte los argumentos legales que dieron paso a estas dos denuncias internacionales y añadió que las organizaciones denunciantes buscan agotar todas las herramientas de presión necesarias que tiene la CIDH para buscar detener dicha Reforma.
Las organizaciones denunciantes consideran finalmente que, de no detenerse esta reforma, la independencia judicial y la separación de poderes en México se verán ampliamente comprometidas, al tiempo que tendrá un impacto directo y desproporcionado sobre los derechos de las personas con discapacidad y los pueblos y comunidades indígenas en México.
